SALVADOR FLORES LLAMAS
A Miguel Barbosa lo traicionó el subconsciente al calificar de magnicidio la muerte de la gobernadora poblana Martha Erika Alonso, del senador Rafael Moreno Valle, su esposo, y tres acompañantes, tras haber promovido por todos los medios que Erika no ganara la gubernatura, y cuando el Tribunal Federal Electoral le dio a ella el triunfo, él juró que no la dejaría realizar su gestión.
El mismo presidente López Obrador desaprobó el fallo del Trife, aunque dijo que habría que acatarlo; pero no envió a nadie a la toma de protesta de la gobernadora, prometió no ir a Puebla durante el gobierno de ésta, le rebajó el presupuesto y fomentó el sospechosismo.
Es comprensible que Amlo no fuera a los funerales por la crispación existente, la corroboraron los gritos de “asesina” lanzados, sin razón, a su representante, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero; él se habría llevado una rechifla mayor.
Una investigación independiente y exhaustiva, que no deje lugar a dudas, demandó en el funeral Luis Bank Serrato, jefe de la oficina de Gobierno de Puebla.
Lo malo es que los morenistas mostraron inquina hacia la gobernadora; su presidenta nacional Yeidckol Polevnski exhortó a sus diputados y alcaldes a no hacer caso a la gobernadora, cuando México necesita cesar la siembra de odio y polarización y enfilarnos por caminos de concordia y superación.
Barbosa ya está en nueva campaña para gobernador: recorrió los medios informativos locales y nacionales para promoverse, destilando odio a la difunta, a su partido el PAN, cuyas puertas él mismo tocó, pues anduvo como saltimbanqui también en el PT, MC, fue líder de los senadores del PRD la mayor parte de sexenio peñista, les sacó jugo a sus fondos y hasta apoyó a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de CDMX, para que saltara a Los Pinos.
Todo un caso de ambición desbocada, lo llevó a entregarse a Amlo y lograr ser su candidato a gobernar Puebla. Hizo lo indecible para trampear a su contrincante Erika y que lo declararan triunfador; por eso es sospechoso su proceder tras el helicopterazo en que perecieron ella y acompañantes, cuando se dirigía a CDMX a celebrar la Nochebuena con sus suegros en su casa de las Lomas.
Otro desbocado saltimbanqui, Javier Lozano Alarcón, priista toda su vida, se hizo panista cuando su excondiscípulo en la Libre de Derecho, Felipe Calderón lo nombró secretario del Trabajo e hizo senador; allí pidió licencia y se fue de jefe de la oficina del gobernador Moreno Valle a Puebla, esperanzado en que lo eligiera de prospecto para sucederlo.
Al no hacérsele, volvió a su escaño senatorial panista, y brincó de vocero de la campaña de J. Antonio Meade, del PRI, de donde no debió salir; ya está en precampaña en Puebla, donde sus paisanos lo ven con malos ojos por chaquetero.
En accidente de helicóptero murió en 2005 Ramón Martin Huerta, secretario de Seguridad Pública con Fox; el primer secretario de Gobernación de Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño en 2008, cuando venía de León, Guanajuato, con Santiago Vasconcelos, subsecretario de la SIEDO, y en 2011 Francisco Blake Mora, tercer secretario de Gobernación de Calderón, con el subsecretario Felipe Zamora Castro.
Entre los crímenes políticos posteriores a la Revolución, se cuentan el del senador Fulvio Vista Altamirano en 1942, rival de Miguel Alemán Valdés tras la gubernatura de Veracruz, y Maximino Ávila Camacho, envenenado en 1945, supuestamente por un brujo de Catemaco, quien aspiraba a suceder a su hermano el presidente Manuel Ávila Camacho.
La matanza del 2 de octubre del 68 durante el gobierno de Díaz Ordaz, y el alconazo en julio de 1971 bajo Echeverría.
En el sexenio de Salinas de Gortari fueron asesinados el cardenal Juan Jesús Posadas; Colosio, candidato presidencial; Juan Francisco Ruiz Massieu, líder de la Cámara de diputados y cuñado de Salinas.
México ya debe dejar de ser piedra de sacrificios a Huitzilopochtli y encomendarse a nuestra Morenita mestiza, la Guadalupana, que vino a traernos amor alegría y paz.
Hemos de desterrar los calificativos de mezquinos, neofascistas, conservadores….
El gobierno no debe impedir instaurar un verdadero orden social, económico y político ni erigirse en dueño de la voluntad popular y en la única opción política que demanda el país, al grado de reprimir cualquier otra alternativa.
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