sábado, diciembre 14, 2024

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los
totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas”: Albert Camus

  • Todos contra la militarización
  • Decreto de AMLO, golpe de Estado
  • Urgen respuesta de la Suprema Corte

Líderes parlamentarios de oposición, organizaciones no gubernamentales, investigadores, activistas, expertos en derecho constitucional y ex magistrados de la SCJN se oponen a las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional mediante Decreto. “Es inconstitucional” y agudiza la militarización del país. En la Cámara de Senadores la oposición calificó el anuncio del titular del Ejecutivo como “una amenaza al orden constitucional y un paso hacia un golpe de Estado”.

Es preocupante y alarmante pretenda el Ejecutivo gobernar a decretazos, violando la Constitución de manera flagrante. Es gravísimo pretenda darse la militarización del país a toda costa, pasando por encima de los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial. Es inconstitucional la reacción presidencial al no serle aprobadas sus reformas, optando por darle la vuelta y no presentarlas al Legislativo, violando la Constitución promulgando un decreto. Esto carece de toda legalidad, pero también de toda legitimidad. “Vamos a llevar a cabo todas las acciones legales y constitucionales a nuestro alcance, y por supuesto iremos a la Corte porque esta es una violación franca a la Constitución”, anunció Luis Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados.

En los hechos, el presidente López Obrador anunció sin tapujos va a seguir violando la Constitución, alertó Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE, especialista en temas de seguridad y procuración de justicia. “Esta violando la división de poderes, los acuerdos legislativos con los partidos y francamente está violando abiertamente la Constitución y mostrando que él es el que manda y que no tiene interés en respetar la Constitución y a él no le gusta lo que dice”. En entrevista, calificó esta decisión como un acto “completamente autoritario” ante el cual debe intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El coordinador legislativo del PAN, Jorge Romero, explicó se requiere para modificar la Carta Magna llevar a cabo un proceso legislativo a fin de lograr la aprobación de los cambios  por amplio consenso y no a capricho de una sola persona. “De entrada es una inconsistencia jurídica. Un decreto no puede modificar ni siquiera leyes secundarias, mucho menos la Constitución, eso sólo puede hacerse mediante reforma constitucional. De verdad que no entendemos las razones, pero evidentemente acudir a la Corte es algo que evaluaremos con los demás partidos, por los Comités Ejecutivos y con nuestros dirigentes. No vamos a permitir se viole flagrantemente nuestra Carta Magna”. Kenia López, vicecoordinadora de la bancada del blanquiazul en el Senado, advirtió será inmediatamente después de la promulgación de dicho decretazo cuando interpondrán una acción de inconstitucionalidad. La legisladora considera se equivoca López Obrador porque no puede mediante un acuerdo “aplastar por un capricho a la Constitución de los mexicanos, y claramente el mensaje de hoy es en contra de la legalidad que en este país nos hemos dado. Primero, es inconstitucional y, segundo, es inmoral lo que propuso el Presidente de la República. Será necesario que él entienda que para eso existen los poderes, para eso el Legislativo, hace leyes y el Ejecutivo, como bien dice su nombre, ejecuta esas leyes. Él no es legislador, él no es el Congreso mexicano, él no redacta la Constitución, y por supuesto que nosotros acudiremos a las instancias legales necesarias para detener esa aberración jurídica que hoy propuso de militarizar al país a través de un decreto”.

Para el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, la Guardia Nacional es una institución concebida bajo un mando civil y adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por tanto ningún decreto puede alterar esta disposición. Advirtió, en caso de que se promulgue dicho decreto, el tricolor acudirá a las instancias legales correspondientes para evitar se viole el Estado de Derecho y la legalidad.  El líder priísta reiteró sólo sería a través de la aprobación de la mayoría calificada en el Congreso, la cual no tienen, la única forma de lograr la adscripción de la Guardia Nacional a Sedena”. Sobre el particular, Rubén Moreira, coordinador del tricolor en San Lázaro, recordó la instrucción de las dirigencias del PAN, PRI y PRD para no votar una reforma constitucional que militarice la seguridad. “Y en esa materia no respaldamos la militarización mediante reforma y menos mediante Decreto, porque un Decreto no le da la solidez jurídica que una institución de Estado requiere”.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara baja, externó su preocupación “porque se consume una traición al juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución”, y “se actúe menoscabando la división de poderes y las facultades del Ejecutivo. Condenamos este golpismo constitucional. Vamos a emplear todos los recursos políticos y jurídicos para defender nuestra Constitución y el Estado constitucional de derecho. No hay espacio para medias tintas frente al golpismo constitucional”. El senador Clemente Castañeda, coordinador de MC, considera lo anunciado por López Obrador como una amenaza al orden constitucional, “y de eso a un autogolpe de Estado hay sólo un paso”.

Emilio Álvarez Icaza, senador independiente, quien se ha opuesto a la militarización impulsada por AMLO, sostiene que el anuncio representa una fractura del pacto constitucional y la división de poderes, así como una traición al Legislativo. “Lo que hace es romper la palabra y el acuerdo (que permitió la creación de la Guardia Nacional). A  una reforma constitucional le quiere dar la vuelta con un decretazo. Son señales cada vez más peligrosas de un Presidente que opta por la ruta autoritaria, no democrática. Es indispensable que la Corte juegue su papel”. Germán Martínez, fundador del Grupo Plural, estimó “esta medida anunciada por AMLO representa un rasgo autoritario y dictatorial” y de manera inexorable, será impugnada.

Cabe destacar que la Guardia Nacional se creó en 2019 y un artículo transitorio permite al Presidente echar mano de forma “extraordinaria” de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública por un periodo de cinco años. El acuerdo original dictaba que la corporación tuviera un mando civil, una de las condiciones de la oposición para dar luz verde a la conformación de la GN. Cuestionado por ir en contra de lo que se había aprobado en el Congreso, AMLO ha justificado que su actuación está dentro de los márgenes de la ley la considera como un cambio necesario para entregar “buenas cuentas” contra las crisis de violencia e inseguridad que azotan el país desde hace dos décadas.

Pero todos los reportes, incluso los oficiales, dan cuenta de que la ola de violencia no cesa y que la estrategia de “abrazos no balazos” no funciona y solo ha servido para empoderar a las organizaciones criminales. En su informe más reciente sobre atrocidades y eventos de alto impacto ocurridos en el país, la organización Causa en Común señaló: entre enero y junio de 2022 se llevaron a cabo 250 masacres. El mapa de horror incluye a los estados de Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Guerrero, Morelos, Veracruz, el Estado de México y Baja California. A estas cifras deben agregarse las de julio, el segundo mes más violento en lo que va del año, y en el cual se cometieron 2 mil 331 homicidios dolosos en el país. Los asesinatos acumulados en este gobierno superan las 130 mil víctimas, de acuerdo con la agencia TResearch.

URGEN A SCJN RESPONDER  A “GOLPE MILITAR” DE AMLO

A través de un pronunciamiento público, titulado “Se debe impedir el golpe de AMLO a la Constitución”, el colectivo #SeguridadSinGuerra –el cual aglutina a organizaciones y personalidades en abierta oposición a la militarización del país- aseguró: “entregar” la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional por un acuerdo presidencial, es un golpe militar a la Constitución que evidencia el desprecio del presidente Andrés Manuel López Obrador por la Carta Magna y el Congreso.

Destacaron la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe negar la eventual reforma para transferir a la GN a la Sedena. “Con el silencio cada vez más insoportable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente ha militarizado a la Guardia Nacional civil que está en la Constitución, como lo quería antes de que el Congreso de la Unión se la negara en febrero de 2019. Pero al acuerdo militarista de 2020, con el que ha hecho fraude a la Constitución, y Al anuncio de una reforma para entregar la Guardia Nacional a la Sedena, ahora se suma la declaración de lo poco que le importa a López Obrador la Constitución y la democracia”.

El colectivo urgió al Máximo Tribunal del país a convocar a audiencias públicas con víctimas y expertos para deliberar “ya” los asuntos no resueltos en materia de militarización de la seguridad. “Y la sociedad debe manifestarse en contra de la amenaza más grande que ha recibido la democracia. Por años la expansión militar ha sido una decisión inconstitucional. Toda participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es, en los hechos, violatoria a la Constitución, pero ni Calderón, con su “guerra”, ni Peña Nieto con su Ley de Seguridad Interior, se atrevieron a tanto”.

DE LOS PASILLOS

La alimentación básica del mexicano se ha empobrecido, bajando la calidad y la cantidad, debido al crecimiento inflacionario lo cual ha encarecido todos los productos,  disminuido la capacidad de compra de la población y la ha obligado a pedir fiado, reportó la Alianza Nacional de Pequeños Comercios (Anpec). Al dar a conocer los resultados de la “17ª. Encuesta Anpec: Inflación y desabasto”, informó el ticker promedio de compra diario es ahora de 50 a 100 pesos, cuando en octubre del año pasado estaba entre 100 y 150 pesos, lo que revela una importante disminución en la capacidad de compra de la población.

 

 

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