TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- Ante el alto índice de violencia en la entidad, particularmente contra mujeres, adolescentes y niñas, el diputado Omar Ortega Álvarez propuso reformas al Código Penal del Estado de México para legalizar la portación y uso de rociadores, gasificadores y dosificadores de sustancias químicas, así como de armas electrónicas que produzcan efectos pasajeros en el organismo humano, sin llegar a provocar la pérdida del conocimiento.
En sesión deliberante, Omar Ortega expuso que esta reforma implicaría que la ciudadanía no se hará acreedora a una sanción o proceso legal en caso de portar y hacer uso de estas armas para defender su integridad personal, en un contexto marcado por la inseguridad pública en general y por la violencia contra las mujeres, en particular, quienes, desafortunadamente, han sido o son potenciales víctimas de delitos como acoso sexual, abuso sexual, violación y/o feminicidio, además de robos.
El legislador detalló que una iniciativa similar fue aprobada en Puebla en 2018, y es una medida dirigida a la defensa de la integridad personal de las y los mexiquenses y no pretende promover la violencia. Detalló que el uso de los gasificadores sería legal siempre y cuando su capacidad no sea superior a los 150 gramos. La propuesta será analizada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Durante la sesión, la diputada María Elida Castelán Mondragón propuso reformas a la Constitución Política estatal para establecer que corresponde al Estado la generación y conservación de empleos de la juventud, mujeres, hombres y toda persona que se incorpore o se mantenga dentro del mercado laboral, para una más justa distribución del ingreso y la riqueza, además de implantar una política estatal para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales en favor de la competitividad y el crecimiento económico. La iniciativa será analizada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Por su parte, el diputado Sergio García Sosa propuso reformas a la Constitución Política estatal para estipular que toda persona tiene derecho a la buena administración pública a través de un gobierno abierto, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente para su cumplimiento.
La propuesta, que será analizada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, busca garantizar que todos los entes públicos actúen bajo los principios de gobierno abierto, honesto, transparente, eficaz, eficiente, incluyente y procuren el interés público
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