CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Gobernación y Población, presidida por la diputada Rocío Barrera Badillo, aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se resuelve la procedencia y trascendencia de la petición de Consulta Popular presentada por el Presidente de la República y se expide la convocatoria para ese proceso que se realizará el 1 de agosto de 2021.
Avalado con 17 votos a favor y 5 en contra, el dictamen precisa que el Congreso General convoca a las y los ciudadanos para que emitan su opinión en el proceso de Consulta Popular “sobre las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”.
El dictamen se turnó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para sus efectos legales y reglamentarios.
Especifica que la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral, conforme a la metodología que apruebe. El INE será la única instancia calificadora.
La pregunta de la Consulta Popular será:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Sí estoy de acuerdo.
No estoy de acuerdo.
La Consulta Popular se realizará el domingo 1 de agosto de 2021, de 8:00 a 18:00 horas, dentro de las demarcaciones que determine el Instituto Nacional Electoral. A ella concurrirán todas las y los ciudadanos interesados en emitir su opinión.
Concluida la jornada, el Instituto Nacional Electoral declarará el cierre de ésta y procederá a realizar el escrutinio y cómputo. La validación de los resultados de la Consulta Popular estará a cargo del INE.
El dictamen indica que cuando por causas fortuitas o de fuerza mayor se impida el normal desarrollo del proceso, el INE, como órgano superior de dirección y única instancia calificadora, en el marco de sus atribuciones podrá suspender, de manera temporal o definitiva, el ejercicio en una o más mesas directivas de casilla, debiendo quedar asentado en el acta circunstanciada que al efecto se levante por personal del Instituto facultado para ello.
El diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN) comentó que la ley no se consulta, sino que se aplica y lo único que se necesita es realizar denuncias contra expresidentes ante la Fiscalía. “Si hay pruebas, que se presenten en la Fiscalía y que haya una investigación, y también en la actual administración”.
De Morena, la diputada Tatiana Clouthier Carrillo explicó que la Suprema Corte de Justicia fue quien avaló la acción de consulta. “El pasado sigue afectando el presente y seguirá afectando el futuro porque se llevaron los recursos”.
El diputado Miguel Prado de los Santos, de Morena, indicó que la gente votó por un cambio en 2018 debido a que los gobiernos anteriores dejaron de lado las preocupaciones y demandas de la ciudadanía. “La gente quiere ser consultada y ser tomada en cuenta en las decisiones del país”, señaló.
La diputada Martha Tagle Martínez (MC) dijo que la pregunta que validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación no cumple con los criterios establecidos en la ley, ya que debe ser clara, concisa y entendible. “Nosotros vamos a votar en contra de esta minuta porque eso es cumplir con nuestro deber como legisladores: estar apegados a la ley y la Constitución”.
Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, diputado de Morena, comentó que la consulta no viola alguna norma jurídica y, por lo tanto, tampoco es inconstitucional. “Incluso, no es necesariamente vinculante, pero sí se pueden crear instrumentos legislativos para terminar con esta vieja idea de corrupción como conducta del servidor público”.
El diputado del PVEM, Marco Antonio Gómez Alcantar, dijo que la Suprema Corte de Justicia lo único que aprobó es la validez de la pregunta. Estimó que la redacción se puede mejorar a fin de esclarecer lo que se pretende con la consulta.
Por el PT, el diputado Silvano Garay Ulloa explicó que ya está aprobada la consulta por la Corte, y lo que se hace en la Comisión es un procedimiento que pasará al INE.
Del PRI, el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez indicó que la justicia no se consulta, ya que es muy clara la Constitución y señala los elementos e instrumentos para aplicarla. “Es una pregunta que no se entiende y en el PRI votaremos en contra”.
Durante la reunión se aprobaron de manera unánime, dictámenes por los que se declaran los días 1 y 2 de noviembre de cada año como “Día de Muertos, Fiesta Nacional”, y el 29 de septiembre de cada año como “Día Nacional del Maíz”.
También, el proyecto que reforma la fracción IV del artículo 72 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para agregar la palabra promoción y las lenguas nacionales, para quedar de la siguiente manera: Fortalecimiento y promoción a la cultura y las lenguas indígenas nacionales.
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