CIUDAD DE MÉXICO.- En el contexto de la actual crisis sanitaria por Covid-19, ecológica y económica, que según analistas consultados por Banco de México la economía nacional caerá 7.10% y una pérdida de empleo de por lo menos 700 mil puestos de trabajo, que enfrentará nuestro país en 2020, las organizaciones campesinas y sindicatos de trabajadores se unieron para proponer al Gobierno Federal un Acuerdo Nacional a fin de construir un nuevo modelo de desarrollo económico con justicia, inclusión social, equidad, democracia y prosperidad para los trabajadores del campo y la ciudad.
Además, urgieron concretar el “auténtico diálogo del titular del Poder Ejecutivo” con el movimiento sindical y social para integrar un Consejo Económico y Social de Estado, informó Wilfrido Hernández Jarquín, representante de la CNPA-MN en la UNT.
Todos los mexicanos debemos construir colectivamente las propuestas y acciones que se impulsarán desde cada espacio, cada uno de los poderes de la Unión y entidades federativas, en los que se definan las responsabilidades a asumir por las diferentes instituciones y los factores de la producción (trabajadores, empresarios, sector financiero y instituciones de educación, ciencia y cultura).
En el marco del Día Internacional del Trabajo, los sindicatos que integran la Unión Nacional de Trabajadores y el Movimiento el Campo es de Todos, donde la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional participa, su representante Wilfrido Hernández Jarquín, dio a conocer el “Manifiesto 1° de Mayo: Es el Momento de Cambiar el Rumbo del País” en el que expresaron que están enfrentando un momento sumamente adverso.
Sostenemos que, para superar la pandemia y la inminente contracción de la economía (la CEPAL estima que podría llegar al 6.5% del PIB) es necesario impulsar el más amplio diálogo social, ya que los trabajadores del campo y la ciudad podemos contribuir a construir una salida a la crisis por lo que es preciso establecer un Acuerdo Nacional para encontrar las mejores soluciones a los graves problemas nacionales.
Se requieren políticas contracíclicas, explorar las distintas vertientes de cooperación internacional, de ser posible sin mayor endeudamiento público e incluso la eventualidad de una prórroga, renegociación, moratoria y/o revisión de la deuda externa del país para disponer de los recursos necesarios a fin de cumplir con objetivos.
Por tanto planteamos que el Estado ejerza un papel rector, convocar a los sectores productivos, a los actores políticos y sociales a aplicar un Nuevo Pacto Social sustentado en la integración de mecanismos multisectoriales de concertación y seguimiento para enfrentar la pandemia y reactivar la economía nacional.
Tanto los sindicatos de trabajadores como organizaciones campesinas dejaron en claro que no aceptan recortes en programas sociales; ni en los salarios y prestaciones sociales de todos los trabajadores, particularmente los trabajadores del sector público.
Demandaron establecer el control de precios de los insumos, medicamentos y elementos necesarios para controlar la pandemia y de los alimentos de la canasta básica, garantizando la aplicación de las normas internacionales del trabajo pertinentes así como la reglamentación del teletrabajo para evitar su precarización.
Fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas así como al sector social, las cooperativas y las empresas propiedad de los trabajadores con el apoyo de la Banca de Desarrollo. Impulsar un plan para incorporar a la economía formal a los trabajadores del sector informal, entre otras acciones considerar los créditos con tasas preferenciales o tasas cero.
Impulsar la soberanía alimentaria, apoyando a los pequeños y medianos productores. Igualmente tomar medidas extraordinarias para proteger los derechos de los migrantes y de los jornaleros agrícolas.
Retomar la Agenda Sindical para la democratización y modernización del Mundo del Trabajo, la que incluye el plan para la impulsar el empleo y recuperar el poder adquisitivo de los salarios, la erradicación del outsourcing, respeto a la contratación colectiva, no al traslado arbitrario de los trabajadores del apartado A al B, la regulación del teletrabajo y la solución de los conflictos laborales en curso como los de Notimex, Chapingo, UNT y PP y la Universidad Michoacana.
Por otra parte, la CPA-MN, condenó la campaña de amenazas de muerte que ha recibido Jaime Martínez Veloz y su hija Estefanía Veloz en días pasados por lo que exigió a las autoridades estatal y federal: implementar medidas precautorias y de protección para los líderes antes citados y sus familias.
También, es necesario que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones del caso pues es conocido la confrontación política que tiene el gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez con Jaime Martínez Veloz.
AM.MX/fm
