CIUDAD DE MÉXICO, 20 de marzo (AlmomentoMX).- La senadora Patricia Mercado Castro, presentó un punto de acuerdo donde exhorta a las Fiscalías estatales a desistirse de la acción penal -y recurrir a acuerdos reparatorios- cuando sea evidente el estado de necesidad del imputado.
En igual sentido, a legisladora de Movimiento Ciudadano solicitó lo anterior a los juzgadores de las entidades federativas, a que dicten sentencias absolutorias en los casos que involucren la comisión de delitos en que se advierta, de manera evidente,
Advirtió que nuestro país presenta grandes desigualdades tanto sociales como económicas, con severas consecuencias para quienes tienen el infortunio de padecerlas.
Detalló que es evidente el crecimiento de la pobreza y la incapacidad del Estado para lograr políticas para beneficio de los que más necesidades tienen.
Desde el Senado, puntualizó, insistimos en estas cifras. En cómo el Estado Mexicano ha fallado. Hemos fallado para reducir esta pobreza. Tenemos la pobreza laboral. Trabajar no te saca de la precariedad. Vemos políticas sociales también sin resultados, y cada vez más crece la exclusión.
Mercado Castro informó que actualmente hay 27 mil personas detenidas por robar comida. Debemos lograr acuerdos, propuso, con las asociaciones de tiendas departamentales para que se desistan y que los jóvenes no lleguen a un reclusorio donde, ya sabemos, no tenemos las condiciones para realmente tener un sistema de re inserción social.
Subrayó que los índices de pobreza son alarmantes. “De acuerdo con la Medición de la Pobreza, llevada a cabo por el Coneval, en 2016 había 53.4 millones de personas en situación de pobreza”. Por ello, dijo, no sorprende que México sea el segundo país más desigual de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Mencionó que el nuevo sistema de justicia penal ofrece la posibilidad que en delitos no graves, las partes se sienten a conciliar y llegar a un acuerdo reparatorio. Sin que el proceso penal dé inicio.
De igual forma, concluyó que las fiscalías y juzgadores locales cuentan con facultades para evitar criminalizar la pobreza y en cambio emplear los recursos y esfuerzos del Estado para perseguir y sancionar delitos mayores.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Justicia.
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