Fernando Irala
Cuando parecía que habíamos conocido todas las vetas del horror derivado de la ola de criminalidad y violencia que ha azotado el país por doce años, un par de contenedores repletos de cadáveres en Jalisco han superado todo lo imaginable.
No es que el fenómeno sea nuevo. Cada año la macabra cifra de asesinatos en el territorio nacional oscila de veinte a treinta mil casos acumulados. Este año además se están rompiendo los récords y con toda certeza se rebasará lo registrado en ciclos anteriores.
En todos lados, los servicios forenses se saturan. En Guerrero los cuerpos se han acumulado también en los patios de la institución encargada, porque no hay donde conservarlos.
Por un lado, la ley prohíbe la incineración de los cadáveres ligados a delitos mientras dure la averiguación. Por otro, en las entidades donde se desata la criminalidad, de pronto se amontonan los cuerpos de quienes resultan víctimas, en instalaciones que fueron proyectadas en tiempos de paz y para otros flujos, no para el baño de sangre que actualmente vivimos.
Por lo pronto, en Jalisco han resuelto el escándalo a la mexicana. Primero cesaron al director del forense, luego al fiscal estatal.
Como si los ceses remediaran algo. Pero lo que nadie resuelve es la criminalidad, que sigue desatada y cada vez más descontrolada.
En ese escenario, resulta bastante torpe andar destituyendo funcionarios porque no saben qué hacer con tantos cuerpos de los que legalmente no se pueden deshacer. Y los que faltan.
