Las iniciativas, conocidas como “Ley Ingrid” y “Ley Ocaña,” buscan proteger la dignidad, el honor y la intimidad de las víctimas y sus familias. La reforma al Artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México tipifica conductas indebidas de personas o servidores públicos que revelen o difundan material audiovisual o archivos de víctimas.