Por Mouris Salloum George*
Lo que conmueve del festín retórico por la inminente disolución del TLCAN, para reducirlo a un acuerdo bilateral con los Estados Unidos, es la declaración de “nuestros” patriotas negociadores, en el sentido de quedó a salvo la soberanía nacional.
A la hora de escribir estos comentarios, como la mayoría de los mexicanos, poco sabemos del contenido de los arreglos bilaterales, tanto en sus letras grandotas como en las chiquitas.
Al pactarse en 1993 el primer acuerdo trilateral de libre comercio, sólo hasta años después algunos inquisidores mexicanos descubrieron que en el texto se introdujeron secretamente algunas cláusulas referidas, principalmente, a los hidrocarburos nacionales.
Dominio extranjero sobre 95 millones de hectáreas
Pero de soberanía nacional es el asunto: ¿Esta soberanía se preserva cuando se cede discrecionalmente el dominio territorial al interés extranjero, protegido éste por los Estados de origen de los inversionistas?
También el original TLC es el tema: Desde 1993, el gobierno mexicano empezó a otorgar a pasto concesiones mineras. A un corte de 2012, con datos del Servicio Geológico Mexicano se reconocieron 43 mil 675 títulos de concesión que amparan más de 95 millones de hectáreas de territorio nacional.
Los usufructuarios de esos títulos tienen sus casas matrices mayormente en Canadá, Estados Unidos, China y Alemania; en ese orden.
Dicho frente a las criminales consecuencias de esa generosidad gubernamental: Los estudios científicos más serios coinciden en que la industria extractiva en todas partes del mundo empieza por destruir la Naturaleza que, en última lectura, se traduce en crisis humanitaria.
Derechos a salvo de los beneficiarios de la contrarreforma petrolera
Los negociadores mexicanos del acuerdo con el gobierno de Donald Trump se declaran satisfechos porque se allanaron cuestiones relacionadas con el sector energético.
De ser así, quiere decir que los beneficiarios de la contrarreforma petrolera tendrán derechos adquiridos a salvo. Entre estos derechos, está la arbitraria ocupación de territorios mexicanos con potencial petrolero y gasífero.
Como las licitaciones a extranjeros siguen en subasta, no se sabe que superficie será ocupada por los titulares de los contratos.
Ayer se festejó el nuevo acuerdo en el que, por lo pronto, queda excluido Canadá, que tendrá que rascarse con sus propias uñas.
ONU: Proyectos privados atentan contra pueblos originarios
En esas mismas horas, el respetable Colegio de México auspició un seminario para tratar sobre Derechos Humanos de los pueblos indígenas.
Ocupó la tribuna el Alto Comisionado de la ONU para los derechos de los pueblos originarios, Jan Jarab. Denunció éste que el modelo de desarrollo que sigue México atenta contra las comunidades en cuyas tierras están en marcha unos cuatro mil proyectos privados amparados por concesiones otorgadas por el gobierno.
Jarab acusó que esos proyectos profundizan la desigualdad en esas zonas de gestión comunitaria y violan el derecho a la consulta previa, libre e informada culturalmente antes y después de su ejecución.
En su turno, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez demandó acercar la realidad jurídica, política e institucional a los compromisos asumidos por el Estado mexicano en los tratados internacionales.
La mitad del territorio nacional cedido en dominio a intereses extranjeros. ¿Esa es la forma de poner a salvo la soberanía nacional? Que alguien nos explique.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
