Pablo Cabañas DíazEn el ocaso del actual sexenio, se pueden vislumbrar las propuestas establecidas en el Pacto por México, que auspiciadas Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dejó de lado a la mayor parte de la clase política y a los actores de la sociedad civil. El Pacto fue un acuerdo de la élite gubernamental y partidaria. Del lado del gobierno federal el cálculo fue que el éxito de las reformas compensaría sus costos políticos y sociales, y daría la legitimidad necesaria para que el PRI pudiera seguir en el poder.
La administración de Enrique Peña Nieto pretendió instrumentar un proyecto reformista con profundo sentido conservador. Se buscó terminar con todo vestigio del Estado asistencial, y construir una sociedad regida por el mercado. La reforma más emblemática fue la hacendaria, propuesta en septiembre de 2013, aprobada por el Congreso a mediados de octubre y decretada a fines de ese mismo mes. Esta reforma no pudo aumentar la recaudación en al menos 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB), más de dos terceras partes del aumento de los ingresos se logró con mayores gravámenes a la producción, particularmente Impuesto Sobre la Renta( ISR ), unificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 16% en todo el territorio nacional, y con la eliminación de regímenes especiales de tributación y reducción a aproximadamente la mitad en el subsidio a las prestaciones sociales. La reforma hacendaria, tuvo una multiplicidad de efectos: redujo el ingreso disponible de los consumidores, aceleró la inflación en 2014, retardó la puesta en operación de un programa de control del gasto público, y no fijó los mecanismos de formalización de las actividades informales.
En lo que va del siglo XXI, México es el único país latinoamericano que no ha crecido, razón por la cual la pobreza ha aumentado. En este sexenio, la recentralización del gasto público en el gobierno federal, fue quitándole espacio discrecional a los gobernadores y alcaldes, pero también control político. La recentralización buscaba el regreso, casi inevitablemente, del presidencialismo sin contrapesos. El interés casi único era aprobar las reformas energética, educativa y de telecomunicaciones para concluir el ciclo neoliberal, con la esperanza de atraer una amplia inversión extranjera.
En tanto en el México real se daba la pérdida del control del territorio en vastas zonas del país, y que hoy están en manos del crimen organizado. Este proceso ha terminado por llevar al país a una degradación de la vida pública local y, en los casos más graves, de una casi completa desintegración del propio Estado. Tales son los casos de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Oaxaca y Tamaulipas. La ingobernabilidad en esos estados se asocia al empoderamiento del crimen organizado y a la colonización de los gobiernos estatales y municipales por parte de estas fuerzas delincuenciales. El PRI tiene frente a sí un conjunto de movimientos sociales en fase ascendente y una sociedad civil cada vez más crítica.
La restauración autoritaria por la vía del fortalecimiento del presidencialismo que se prefiguraba al inicio del sexenio va en sentido contrario. Queda la duda de si el PRI podrá mantenerse en la Presidencia de la República con un gobierno cuestionado en su probidad en grado extremo, con un escenario de aguda crisis económica y una constante fragmentación política y social.
