CIUDAD DE MÉXICO, 28 de febrero (AlmomentoMX).- La Cámara de Senadores aprobó, con 86 votos a favor, un dictamen que establece que la Política Nacional de Desarrollo Social tendrá entre sus objetivos orientar el desarrollo regional equilibrado primordialmente en las Zonas de Atención Prioritaria.
Con esta reforma a la Ley General de Desarrollo Social se favorecerá la aplicación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en la región sur-sureste del país, desde una perspectiva de atención prioritaria a las entidades y municipios con mayor índice de pobreza extrema.
Se menciona que el hecho de promover acciones para mejorar las condiciones de bienestar de las comunidades más vulnerables hace que se reduzca el abandono de sectores productivos de nuestra economía, sobre todo en el campo.
Los senadores reconocieron que pese a todos los esfuerzos realizados, la pobreza “sigue siendo una de las problemáticas más delicadas que más existen en el mundo y en nuestro país”, por lo que se deben realizar acciones legislativas para apoyar al gobierno federal a fortalecer políticas sociales que atienden a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad.
Refieren que en el país existe un desarrollo desigual, pues ha habido un abandono al desarrollo del campo, se centralizaron las regiones productivas y los tres poderes de gobierno se encuentran concentrados en la zona centro de la nación.
Al respecto, el senador Benjamín Robles Montoya, del PT, comentó, que si bien, se trata de una reforma pequeña, ésta busca atender a la población más pobre del país, especialmente en las entidades y municipios con un mayor índice de pobreza extrema.
El dictamen se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
En la misma sesión, se aprobó un dictamen que modifica la Ley General de Desarrollo Social, a fin de precisar que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja, que propicien y garanticen su participación e inclusión en las políticas públicas del Estado.
Se explica que al establecer el concepto de inclusión en el desarrollo social, se podrá garantizar que las políticas y programas sociales de los diferentes sectores y niveles de gobierno actúen de manera coordinada y articulada para cerrar las brechas de acceso a servicios públicos de calidad y oportunidades de crecimiento.
El documento se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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