CIUDAD DE MÉXICO, 20 de abril (AlMomentoMX).- El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, podría alcanzar una pena máxima de 55 años en prisión en caso de ser encontrado culpable de lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos por los que se solicitó su detención con fines de extradición al gobierno de Guatemala.
“De acuerdo con la legislación penal de recursos con procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, la penalidad es de cinco a 15 años; en delincuencia organizada, en términos de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada la penalidad, es de 20 a 40 años”, explicó Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, en entrevista con Radio Fórmula.
Señaló que México está revisando y analizando los documentos que integrarán la solicitud formal de extradición del exgobernador, y ésta podría presentarse la próxima semana ante las autoridades de Guatemala.
“Estamos en la revisión y análisis de los documentos para cumplir de manera correcta con el tratado que se tiene en materia de extradición (…) Es muy probable que la próxima semana se esté presentando por vía diplomática la solicitud formal”, apuntó.
Elías Beltrán señaló que están conformando todos los elementos de prueba que deben de aportar respecto a la orden de aprehensión que fue liberada el 14 de octubre de 2016, por los delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, se están analizando otras órdenes de aprehensión que existen en su contra para ver si cumplen con los requisitos del tratado y agregarlos a la solicitud formal de extradición.
“Una vez que la reciban las autoridades guatemaltecas, a través de la fiscalía, presentará la misma ante el juzgado Quinto de Justicia Penal que está llevando el proceso de extradición, hará una audiencia pública y se señalarán todos los delitos por los que (Javier Duarte) será juzgado ante la justicia mexicana”, indicó.
El subprocurador destacó que a nivel internacional se han hecho varias solicitudes de asistencia jurídica informacional con la finalidad de conocer si existen activos en diversos países, entre ellos Estados Unidos y España, “logrando la identificación de varios inmuebles y cuentas, las mismas que están en proceso de aseguramiento”.
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