WASHINGTON D.C.- Estados Unidos rechazó o mantiene congeladas 269 solicitudes de extradición formuladas por México desde la llegada de la Cuarta Transformación al poder. Registros oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores muestran que, entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, ninguna de esas peticiones logró concretarse, una estadística que hoy se convirtió en el principal argumento político y jurídico de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a la presión de Washington sobre el caso Sinaloa.
El dato surge en medio de las versiones sobre posibles solicitudes estadounidenses relacionadas con el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros exfuncionarios señalados por presuntos vínculos criminales. Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum defendió públicamente el derecho del Estado mexicano a exigir pruebas antes de proceder contra cualquier ciudadano reclamado por otro país.
“Nosotros en su momento dijimos: a ver, que se presenten las pruebas. Lo mismo que hace Estados Unidos cuando nosotros pedimos una extradición: preséntanos pruebas”, respondió la mandataria ante las críticas surgidas desde sectores políticos y mediáticos.
La presidenta tomó como base jurídica el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado en 1978 y vigente con sus respectivos protocolos.
El Artículo 12 establece que el país requerido puede solicitar información complementaria cuando considere insuficientes los elementos entregados para sustentar una extradición, un mecanismo que históricamente ha sido utilizado por autoridades estadounidenses y que ahora el gobierno mexicano coloca en el centro del debate bilateral.
Los registros de la Secretaría de Relaciones Exteriores muestran que, de las 269 solicitudes mexicanas formuladas desde 2018, 36 fueron negadas y 233 permanecen pendientes de resolución. Dentro de esas peticiones pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición y otras 50 a solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
La propia documentación oficial revela además que, en 47 de esas 50 solicitudes provisionales, Estados Unidos requirió información complementaria a México antes de avanzar en el procedimiento.
La estadística fortalece el argumento central del gobierno federal: pedir pruebas no representa una excepción diplomática ni un desafío político, sino una práctica habitual contemplada en el propio tratado bilateral.
Crecimiento de la tensión bilateral
La discusión adquiere una dimensión todavía más delicada cuando las solicitudes involucran a ciudadanos mexicanos. El Artículo 9 del tratado establece textualmente que “ninguna de las dos Partes Contratantes estará obligada a entregar a sus nacionales, pero el Poder Ejecutivo de la Parte requerida tendrá la facultad, si no se lo impiden sus leyes, de entregarlos si, a su entera discreción, lo estima procedente”.
Ese artículo convierte la extradición de nacionales en una decisión discrecional y no obligatoria para el Estado requerido. Bajo ese criterio, México sostiene que tiene el deber jurídico y soberano de verificar exhaustivamente cada expediente antes de considerar cualquier medida restrictiva de la libertad o una eventual entrega a autoridades estadounidenses.
La tensión política escaló luego de que Washington endureciera la presión pública sobre figuras relacionadas con el caso Sinaloa. Sheinbaum respondió acusando una ofensiva mediática y política contra su administración.
“¿Cómo se le ocurre a la presidenta pedir pruebas? Es exactamente lo mismo que hace Estados Unidos”, insistió.
La mandataria sostuvo además que parte de las críticas buscan instalar la narrativa de que México pretende proteger a determinados perfiles políticos, cuando, según su postura, el gobierno federal simplemente está aplicando los mismos estándares jurídicos utilizados históricamente por Washington.
Coordinación y presión
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, explicó durante conferencia matutina que la legislación mexicana obliga a revisar cuidadosamente cada solicitud antes de remitirla a la Fiscalía General de la República y posteriormente a jueces federales. El funcionario recordó que el Artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional establece que, para solicitar medidas precautorias como una detención provisional, deben acreditarse dos elementos fundamentales: la expresión clara del delito y la existencia de una orden de aprehensión.
“El análisis que nosotros hemos hecho y que se comparte por la práctica entre los dos países es que la expresión del delito tiene que ser suficientemente clara y precisa”, señaló.
Según Velasco, cuando las acusaciones son ambiguas, vagas o genéricas, México tiene la obligación de solicitar información complementaria antes de proceder. El funcionario sostuvo además que Estados Unidos aplica sistemáticamente el mismo estándar cuando México intenta procesar delitos complejos relacionados con corrupción, desaparición forzada o delincuencia organizada.
La discusión ocurre en medio de una relación bilateral marcada por tensiones crecientes en materia de seguridad, narcotráfico y cooperación judicial, particularmente tras el aumento de presiones estadounidenses sobre figuras políticas vinculadas con Sinaloa.
Los registros oficiales incluyen expedientes que reflejan el tamaño de esa disputa bilateral. Uno de ellos corresponde a Pablo “N”, alias El Transformer, presunto integrante de Guerreros Unidos vinculado al caso Ayotzinapa. México presentó la solicitud formal de extradición el 18 de julio de 2024 por delincuencia organizada, pero el procedimiento continúa sin resolución.
Otro caso citado por autoridades mexicanas es el de William “N”, acusado de trata de personas. La petición mexicana fue presentada el 30 de mayo de 2023 y posteriormente rechazada por autoridades estadounidenses.
Para Sheinbaum, estos antecedentes exhiben una relación desigual en materia de cooperación judicial. La mandataria cuestionó que Washington centre la presión exclusivamente sobre México mientras minimiza factores como el tráfico ilegal de armas desde territorio estadounidense, las redes criminales que operan dentro de ese país y el consumo interno de drogas.
“No puede ser que allá no exista delincuencia organizada, tráfico de armas o consumo de drogas, y todos los ojos estén puestos solamente en México”, reclamó.
AM.MX/fm
