CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es constitucional la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial.
Durante la sesión de este lunes, por mayoría de votos de ministros, se aprobó el proyecto de sentencia de la ministra, Loretta Ortiz.
El proyecto valida la reforma de 2022 sobre las medidas cautelares que puede implementar la UIF, ya que se tratan de acciones preliminares de carácter administrativo y no penal.
Yasmín Esquivel, Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero votaron en contra del proyecto al exponer dudas sobre que la UIF pueda tener la facultad de bloquear cuentas debido a indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
La ministra Esquivel destacó que al ser una norma con deficiencias en su redacción se afectaba la seguridad jurídica, porque “aún cuando sea una medida útil para el combate al uso indebido del sistema financiero.
“Tampoco por virtud de una norma redactada en forma deficiente podemos sacrificar el principio de seguridad jurídica bajo la idea de que el fin justifica los medios”, aseguró.
Por su parte, la Suprema Corte explicó que confirmó la “constitucionalidad de la facultad que permite a la autoridad incluir a personas en la lista de bloqueados cuando existan indicios suficientes de vínculos con delitos como lavado de dinero o financiamiento del terrorismo”.
Durante la sesión de este lunes, la mayoría del Pleno determinó que el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito “no otorga una facultad discrecional, sino que garantiza el derecho de audiencia, la posibilidad de ofrecer pruebas y la obligación de contar con una resolución fundada y motivada”.
La Corte manifestó que “el bloqueo de cuentas no es un castigo penal, sino una medida administrativa y preventiva. No te declara culpable ni sustituye al Ministerio Público, pero sí permite actuar a tiempo”.
Dicha facultad “permite al Estado mexicano cumplir con sus compromisos internacionales en materia de combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, al tiempo que fortalece el debido proceso y la presunción de inocencia en el ámbito administrativo”
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