Miguel Tirado Rasso
mitrasso@yahoo.com.mx
La nueva ley otorga a la ADT,
la facultad de bloquear plataformas
digitales, cuando “sea solicitado
por las autoridades competentes.”
Un agresivo spot antiinmigrante del Departamento de Seguridad Nacional del gobierno de EUA, como parte de una campaña publicitaria multimillonaria para desalentar la internación de indocumentados al territorio del Tío Sam, transmitido en la televisión mexicana, sirvió de buen pretexto para que el gobierno de la 4T desenpolvara la ley secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión correspondiente a las reformas constitucionales en materia de simplificación orgánica, publicadas el 20 de diciembre de 2024. Esas, por las que se eliminaron siete órganismos constitucionales autónomos, entre los cuales estaban el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y al Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
Condenable el spot e inexcusable su transmisión en nuestro país por la televisión abierta mexicana, lo que dio pauta para que la Presidenta, Claudia Sheinbaum, anunciara, primero, que pediría al Congreso reincorporar una disposición, supuestamente abrogada en 2014, que prohibía transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobierno o entidades extranjeras. Algo que no quedó claro, porque este antecedente no se pudo acreditar. La mandataria señalaría también que no había nada legal que obligara, a la televisora o a la radio, bajar los spots, por lo que anunció que se modificaría la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRyT), para prohibir que gobiernos extranjeros pudieran hacer propaganda ideológica en nuestro país.
Y, con ese buen propósito, se aprovechó para hacerle otros ajustes mayores a la LFRyT hasta dejarla a modo 4T. Esto es, como un modelo centralista y con absoluto control político del Gobierno Federal sobre este sector. La iniciativa enviada desde Palacio, si bien puso candados para la difusión de propaganda extranjera en nuestro país, obligando a los concesionarios a solicitar, previamente, la autorización de la secretaría de Gobernación, solo dedicó un par de artículos al tema. Lo medular lo dedicó al fortalecimiento de la Agencia de Transformación Digital (ATD), a la que se le asignaron las facultades y funciones que tenían el organismo en vías de desapareción, el IFT, así como las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes.
Esta dependencia pasa a convertirse en una super agencia subordinada directamente al Ejecutivo Federal. Será la encargada de otorgar, revocar y renovar concesiones; supervisar contenidos y con capacidad de limitar espacios publicitarios. Además de emitir los lineamientos para los concesionarios de radiodifusión, de televisión o de audio restringidos para sus Códigos de Ética. La nueva ley otorga a la Agencia, la facultad de bloquear plataformas digitales, cuando “sea solicitado por las autoridades competentes,” y a expedir los lineamientos para el registro de usuarios del servicio móvil.
La concentración del poder avanza en el segundo piso de la 4T. Ahora le tocó a un sector clave en la libertad de expresión y el derecho a la información y a la comunicación. La injerencia oficial va más allá de lo imaginable, pues además de buscar el control de lo que sale en la televisión y lo que se dice en la radio, ahora pretenden el control de las redes sociales, de las plataformas digitales. Una Ley Censura, pues.
Y no tienen empacho en reconocerlo públicamente. Para el morenista Aníbal Ostoa, es momento, dijo, de defender el control “de nuestras narrativas, de nuestras pantallas y de nuestras decisiones.” Por su parte, la senadora del PT, Lizeth García, apuntó que los gobiernos pueden intervenir medios y redes sociales. “La televisión, la radio, la prensa y las redes sociales tienen un poder inmenso. El Estado tiene la obligación de actuar cuando ese poder se utiliza para sembrar odio o dividir al pueblo.” Según opinión de la legisladora. Seguramente la senadora ya olvidó quién se encargó, diariamente, en sus mañaneras, de dividir, confrontar y engañar a la sociedad, durante sus casi seis años de gobierno.
Siguiendo la tradición legislativa cuatroteista, la bancada de Morena en el Senado, se dijo lista para aprobar, de inmediato, lo que, de Palacio Nacional, les enviaran. Nada de perder el tiempo en leer, revisar o analizar la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión remitida. El tiempo apremiaba y la urgencia por quedar bien con la Presidenta, los motivaba. El documento llegó al Senado el miércoles 23 de abril a las 10 de la noche y temprano en la mañana del día siguiente se supo que, milagrosamente, ya circulaban copias del dictamen aprobatorio, cuando ni siquiera había iniciado la sesión de análisis de los integrantes de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. Así las cosas, en el Senado de la Transformación.
Ante las muchas críticas que suscitó esta polémica Ley, y, quizás también, por la evidente farsa del proceso legislativo para su aprobación en el Senado, de Palacio Nacional vino la orden de bajarle velocidad al trámite y dar oportunidad de analizar y debatir el proyecto con apertura a sectores interesados, especialistas, académicos y profesionales de la materia. Esperemos que no se repita los sucedido con los foros de consulta convocados para la reforma del Poder Judicial, en donde los morenistas se dijeron dispuestos a escuchar las opiniones de expertos, pero no a hacerles caso. Y la reforma se aprobó, sin cambiarle ni una coma.
