OTRAS INQUISICIONES: El abogado del “Diablo”

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Pablo Cabañas Díaz

En junio de 2013, el abogado Enrique Fuentes León murió un hecho que hubiera pasado desapercibido pero su nuera, la modelo Jacqueline Bracamontes lo dio a conocer. El 16 de junio de 2013, la revista “TV y Novelas” informó en su sitio en internet que la modelo y conductora Jacqueline Bracamontes estaba de luto por la muerte de su suegro, Fuentes León, de 79 años. El día anterior, la actriz lo había dado a conocer en su cuenta de Twitter ahora X.

Una discreta y breve ceremonia en una funeraria del sur de la Ciudad de México, el 15 de junio, puso fin a la tormentosa historia del litigante que gozó de grandes favores de los poderes del Estado mexicano –a pesar de haberlos agraviado– y protagonizó el juicio más largo y voluminoso en la historia de Texas.

Entre los abogados hasta hoy hay la coincidencia de que personificó en la segunda mitad del siglo XX al abogado mexicano corrupto, en continuación del arquetipo que décadas atrás había encarnado Bernabé Jurado.

Durante años, Fuentes Leon fue un abogado temido. Litigó a golpes, con la pistola en el escritorio y amenazas. Fue prófugo de la justicia mexicana. Se vio envuelto en el homicidio de una expareja, en la desaparición de la artista Nellie Campobello y de sus bienes, y en acusaciones de lavado de dinero y soborno en Estados Unidos. También en la protección del exdiputado federal del PRI, Manuel Muñoz Rocha, acusado de organizar el asesinato del secretario general de ese partido, José Francisco Ruiz Massieu, en septiembre de 1994.

Célebre por su soborno de medio millón de dólares, en 1988, a un ministro de la Suprema Corte Justicia de la Nación, y relacionado por su presunta implicación en los crímenes de José Francisco Ruiz Massieu y Luis Donaldo Colosio, además de ser el protagonista del “juicio más largo y voluminoso en la historia de Texas”, entre otros episodios, el litigante se llevó innumerables secretos a la tumba, muchos de ellos avalados por el PRI.Tuvo un funeral de bajo perfil para no remover las redes de protección y complicidad que alcanzaban a  varios funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto.

 

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