¿Son confiables los jueces?

Federico Berrueto
¿Son confiables los jueces para el presidente López Obrador? Depende del sentido de sus resoluciones y de las necesidades políticas presidenciables. Por su estructura moral es mal perdedor. Cuando no salen las cosas como él quiere es culpa del árbitro. Basa el origen de los fallos judiciales en su contra en la corrupción judicial, el tráfico de influencia o la conspiración de los conservadores; nunca en la sinrazón legal, la mala defensa o la falta de sustento o de pruebas suficientes. Los malos perdedores abundan, pero nunca uno en la presidencia de la República con tal empecinamiento.
Una resolución a favor de un presunto delincuente será culpa del juez, no de la fiscalía o el ministerio público por no integrar bien el expediente inculpatorio. López Obrador no es el único presidente que cuestiona la probidad o el profesionalismo de jueces, pero sí el más extremo, con más encono o intransigencia; no dirige su rechazo al funcionario judicial en particular, lo remite a todo el poder judicial, a los ministros no incondicionales y a la ministra presidenta, Norma Piña. Un fallo adverso, como la resolución de que Emilio Lozoya lleve su caso en prisión domiciliaria le sirve para demonizar el todo y exigir su reemplazo.
El presidente ha pretendido dañar la credibilidad de la justicia y del Poder Judicial por sus pretensiones políticas sin un mínimo rigor en sus palabras. De allí la indignación de jueces y magistrados, así como del gremio de los abogados postulantes. El daño allí no termina. La manera de procesar la renuncia del ministro Arturo Zaldívar y la designación de la señora Lenia Batres es una afrenta al decoro y a la dignidad que merece la Suprema Corte de Justicia. Además de las evidentes limitaciones profesionales de la nueva ministra, está su parcialidad y falta de independencia, que rompen con la premisa básica de una justicia confiable. López Obrador tiene la convicción de que el Poder Judicial debe estar sometido al presidente, de allí su empatía hacia Arturo Zaldívar.
En el caso de los adeudos fiscales del empresario Ricardo Salinas Pliego y su empresa Elektra, López Obrador invoca la validez de la resolución del juez porque le conviene y utiliza sentencia en primera instancia porque le favorece. Allí no hubo corrupción ni conspiración conservadora. En el caso de la acción legal del hermano Pío contra el periodista Carlos Loret, le sirve para condenar a la justicia en su conjuto, sin advertir que se trata del poder judicial de la Ciudad de México.
La justicia legal, como toda actividad humana es falible, puede haber error y también corrupción; precisamente por tal consideración las resoluciones se pueden revisar por tribunales de alzada, que pospone la justicia, pero le dan eficacia. Para efectos de resoluciones discutibles por razones diferentes a las estrictamente jurídicas, como la venalidad, existe el Consejo de la Judicatura, instancia disciplinaria. La autonomía del juzgador constituye el principio fundamental de la justicia, no hay jerarquías ni subordinación como desea y pretende López Obrador. Dos son las vías en la mayoría de las resoluciones: la revisión por la instancia superior, o en caso de sospecha de una conducta indebida, proceder ante la instancia disciplinaria.
Que los juzgadores federales sean confiables no significa que la justicia sea eficaz. Pero este problema grave es resultado de muchas consideraciones, la mayoría ajenas al estricto ámbito jurisdiccional. Por ejemplo, en materia penal una deficiente investigación por parte de las fiscalías la vuelve frágil y puede llevar a que un presunto criminal obtenga su libertad por incompetencia de la parte acusadora, no por ser inocente. El juez resuelve a partir del expediente; concederle una amplia discrecionalidad para la suplencia de la queja significaría desnaturalizar su responsabilidad, incluso volverle fiscal o parte.
La impunidad es la herida mayor en el cuerpo nacional; sus implicaciones son múltiples y a ella remiten muchos de los males nacionales como la violencia, la corrupción y la negligencia gubernamental. El problema llama a una cruzada por la legalidad que convoque a todos: poderes públicos, órdenes de gobierno, órganos autónomos y a la sociedad para que cada uno haga su parte.
En la valoración de los tres poderes de la Unión, por mucho el balance favorece al judicial. En el contexto del arrebato populista el Ejecutivo y el Legislativo con singular esmero dan testimonio inequívoco de su deterioro, déficit ético y falta de compromiso con la República.