Lilia Arellano
“La corrupción es un mal inherente a todo
gobierno que no está controlado por la
opinión pública”: Ludwig von Mises
Trienio con multimillonarias irregularidades
Exhibe la ASF corruptelas y malos manejos del erario
“La democracia requiere defensa colectiva”: Córdoba
Fiesta en Nuevo León contrasta con luto tamaulipeco
Ciudad de México, 01 de marzo de 2023.- El gobierno federal actual acumula múltiples y millonarias irregularidades en el manejo de la administración y los fondos públicos, tanto en sus megaproyectos –el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles-, como en la gestión de alimentos subsidiados, en el sector de la salud pública o en la operación de sus programas sociales. Es la gestión central más desaseada de la historia reciente de México. De acuerdo con datos de la revisión de los tres primeros años del gobierno de la 4T, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, a la fecha se ha incurrido en probables daños al erario por más de 195 mil 343 millones de pesos.
Perdón por insistir en el tema pero la revisión de la Cuenta Pública 2019 arrojó irregularidades por 67 mil 498.4 millones de pesos; la del 2020, por 63 mil 10 millones de pesos; y la de 2021 por 64 mil 835 millones de pesos, el tercer monto más elevado en los 23 años del órgano fiscalizador. En total, en la primera mitad de la 4T, las irregularidades suman 195 mil 343.4 millones de pesos, lo que evidencia la incompetencia del gobierno morenista y exhibe la incapacidad y corrupción de la administración del actual inquilino de Palacio Nacional. En obras insignias de la 4T existen pagos en exceso y contratos a sobrecostos. De igual forma, en proyectos del gobierno como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, la ASF detectó esquemas irregulares de contratación de los servidores de la nación y pagos duplicados, así como la presunta entrega de pensiones a adultos mayores ya fallecidos.
También, el programa emergente de abasto implementado por el gobierno federal provocó posibles daños al erario por más de mil 653 millones de pesos, derivado de la adquisición poco transparente de autotanques como parte de la lucha contra el robo de combustible, conocido como huachicoleo. De la cantidad observada, la ASF reportó en sus informes consolidados la recuperación de sólo mil 987 millones 882 mil 100 pesos, equivalentes al 1.01% del total. La ASF, con la tercer entrega de sus reportes de auditoría de la Cuenta Pública 2021, encontró nuevas irregularidades por 2 mil 346 millones de pesos en el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), las cuales se sumaron a los desfalcos reportados por el ente fiscalizador en esta dependencia durante los dos años anteriores, sumando ya más de 15 mil 517 millones de pesos.
A pesar de todo, su anterior director, Ignacio Ovalle Fernández, cuenta con una gruesa capa de impunidad proporcionada por el propio López Obrador, quien no sólo no le pidió rendir cuentas, sino lo protegió asignándole otro cargo en la Secretaría de Gobernación. En los tres años al frente de Segalmex, Ovalle Fernández implementó un sistema totalmente opaco, a través del cual se movían decenas de millones de pesos de dinero y productos –de Liconsa y Diconsa, entre otros- sin emitir facturas ni documentos justificativos. Este sujeto también encabezó la compra ilegal de 100 mil títulos bursátiles con recursos públicos, caso con el cual se llevó a su entonces director de Finanzas, René Gavira Segreste, a ser vinculado a proceso en calidad de “chivo expiatorio”.
David Colmenares Páramo, titular de la ASF, al presentar el informe de auditoría a la Cámara de Diputados, indicó ha presentado desde el mes de septiembre del año pasado 34 denuncias ante la Fiscalía General de la República, de las cuales 12 estuvieron vinculadas con Segalmex, y las cuales han servido para dos cosas: para nada y para lo mismo, pues el dinero no se ha recuperado a la fecha, a pesar de la cacareada honestidad del presidente López Obrador, quien a pesar de reconocer la existencia de la corrupción en Segalmex, protegió a Ovalle Fernández al nombrarlo coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, dependiente de Segob, donde recibe un sueldo neto de 102 mil pesos, de acuerdo con el portal Nómina Transparente. Según la revisión de la Cuenta 2021 realizada por la ASF, Segalmex provocó un daño al erario por más de 5 mil 640 millones de pesos por faltantes de toneladas de maíz y frijol, así como “por no proporcionar evidencia de la existencia física en los almacenes de las compras de productos de la canasta básica, por salidas de efectivo no identificadas, pedidos de bienes nunca recibidos y pagos por servicios realizados fuera de vigilancia, entre otros”. Detectaron compras fantasma, inventarios de productos sólo existentes en el papel y tratos con empresas irregulares.
Dos Bocas se ha convertido en un barril sin fondo de recursos públicos federales. La construcción de esta refinería inició “sin concluir los análisis de rentabilidad, además se basó en proyecciones financieras poco razonables y actualmente no está refinando la cantidad prometida”. Los auditores señalaron el singular método a través del cual el gobierno federal financia este megaproyecto, uno de los más onerosos del sexenio; sólo en 2021 absorbió 120 mil millones de pesos, 3 veces más del presupuesto asignado para ese año. La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, es la responsable de este saqueo, a través del sistema de realizar aportaciones a la petrolera, a su vez utilizadas para comprar acciones de su filial privada PTI Industria de Desarrollo (PTI-ID), la cual está a cargo de la obra. En 2021, el gobierno federal canalizó cerca de 114 mil millones de pesos por esta vía, y Pemex sacó 6 mil millones de pesos de su propio bolsillo; sin embargo, la ASF concluyó: PTI-ID “no reveló” en sus estados financieros se destinaron a la construcción de Dos Bocas estos recursos.
La red de corrupción en la construcción de esta obra se evidenció con la adjudicación directa de nueve contratos con varios proveedores, incluyendo uno con las empresas Nuovo Pignone International y la estadounidense Baker Hughes, envuelta en cuestionamientos de la oposición porque uno de sus ejecutivos rentó su casa en Houston a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador. En el sitio de PTI-DI, al igual que en todos los contratos de la refinería el monto del servicio se encuentra testado. En 2021, esta empresa firmó convenios modificatorios con algunos de sus contratistas para aumentar de manera brutal los montos inicialmente contratados. Así, la constructora ICA, en consorcio con la estadounidense UOP LLC, firmaron en ese año un convenio modificatorio por 14 mil 636 millones de pesos, un monto más de cuatro veces superior al del contrato original firmado en 2019. Petróleos Mexicanos (Pemex) habría incurrido en pagos excesivos durante la edificación de Dos Bocas, al mismo tiempo no aplicó penas convencionales a los contratistas incumplidos. De acuerdo con la ASF, el 2021 resultó un año extremadamente fructífero para ICA, pues además de este convenio modificatorio, celebró otros dos contratos en Dos Bocas, por un monto total de 27 mil millones de pesos, los cuales deberán terminar entre marzo y agosto de 2023. La empresa ítalo-argentina Technit también tuvo un gran año, pues recibió contratos por 30 mil 229 millones de pesos.
También en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), detectaron pagos fantasma en la supuesta adquisición de pintura y no hubo evidencia de su aplicación. Desde la revisión de la cuenta pública 2020 se detectó no reportó la Secretaría de la Defensa Nacional el uso de 20 mil millones de pesos del fideicomiso con el cual pagaba la obra.Respecto al Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a cargo del mismo, incurrió en pagos excesivos y obras no ejecutadas así como “irregularidades” en diversos tramos. Dentro de las múltiples irregularidades detectadas por la ASF, se observó a la Secretaría del Bienestar por 215 millones de pesos, al haber realizado pagos de pensión a adultos mayores y personas con discapacidad a fallecidos. La dependencia más observada fue la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural su revisión reveló daños al erario por más de 9 mil millones de pesos en contratos incumplidos y productos inexistentes en la empresa paraestatal Liconsa, así como mercancías caducas en Diconsa, la cual tiene por objetivo el abasto a las comunidades rurales de productos de la canasta básica y complementarios. En la Secretaría de Salud, 2 mil 750 millones de pesos “se identificaron con pagos a personal que no trabajaba en hospitales no Covid; además, no se entregaron 650 ventiladores mecánicos y más de un millón de mascarillas KN95”. El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) “no distribuyó a las dependencias de la administración pública federal y a los servicios de salud un total de 8 millones 369 mil 670 insumos, como batas, mascarillas y guantes, y no tuvo ningún control sobre su distribución de estos”.
La célebre “barrida de arriba para abajo” se cumplió, pero no la relacionada con la corrupción sino con los fondos públicos.
DE LOS PASILLOS
Al reunirse con miembros de la American Society of Mexico, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvo: la democracia requiere una defensa colectiva, lo cual implica el involucramiento de instituciones y ciudadanía. En el evento, confió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque, dijo, “será un ancla de estabilidad política que puede y debe salvar el orden democrático y constitucional del país”, pero debe sumarse una sociedad mexicana dispuesta a defender las reglas democráticas de acceso al poder. Reiteró: el llamado “Plan B” electoral de López Obrador “es una reforma peligrosísima para la viabilidad de la democracia por una simple y sencilla razón, porque por primera vez abre la puerta a que la organización de las elecciones sean un problema”. Esta reforma, explicó, afecta los cinco pilares sobre los cuales se ha construido el sistema democrático del país: autonomía e independencia de los órganos electorales, el Servicio Profesional Electoral, la estructura desconcentrada, el Padrón Electoral y las condiciones de equidad en la competencia…
Festín y luto. En la frontera se festinó la reflexión presidencial sobre la ubicación de la armadora automotriz Tesla, grantizándose su instalación, pero los vecinos de Nuevo León, los tamaulipecos, no solamente estuvieron de luto por el asesinato de cinco jóvenes cuyo vehículo fue baleado por soldados, sino que, esta acción, ha provocado una profunda ira al ejemplificar los daños previstos en la militarización en el área de seguridad ciudadana… De poseer “malas costumbres” acusó el presidente a los integrantes del Departamento de Estado de los EU porque “siempre se inmiscuyen en asuntos que no les corresponden, muy contrario a lo que piensa el presidente Biden, que siempre habla de igualdad, textualmente, de un pie de igualdad. Pero como dice la canción, se impone más la costumbre, la mala costumbre, en este caso, que el amor o el respeto, todavía no abandonan la política de hace dos siglos, la política Monroe, de sentirse el Gobierno del mundo”… Para el presidente el caso de Genaro García Luna “está comenzando y hasta junio habrá una sentencia; el exsecretario de Seguridad puede recurrir a organismos para que le permitan reducir sus años de condena y aportar más información que desde luego existe o él sabe. Él posee información valiosa”, sobre todo referente a Fox y Calderón de quienes no se sabe porque razón el tabasqueño se niega a investigarlos aquí, en donde se dice, se supone, él afirma, causaron severos daños.
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