José SÁNCHEZ LÓPEZ
DE nueva cuenta, la Procuraduría General de la República tendrá que disculparse públicamente y pagar millonaria cifra (con los dineros del pueblo), por las estupideces del sempiterno GENARO GARCÍA LUNA, cuando fue director de la Agencia Federal de Investigaciones.
El procurador RAÚL CERVANTES ANDRADE, tendrá que ofrecer disculpas públicas a las indígenas Hñähñú (otomíes), JACINTA FRANCISCO MARCIAL, ALBERTA ALCÁNTARA JUAN y TERESA GONZÁLEZ CORNELIO.
Las mujeres, vendedoras de aguas frescas y nieve en un tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro, fueron acusadas de haber atacado, sometido y secuestrado a seis agentes de la AFI, dirigida aún por el ingeniero mecánico venido a policía, GENARO GARCÍA.
El 26 de marzo de 2006, los federales, sin justificación legal, realizaban un operativo en el tianguis, “para decomisar piratería”. Los comerciantes ambulantes, cansados de las raterías de los agentes, se opusieron y se originó el zafarrancho. Ese día no detuvieron a nadie, pero en agosto de ese mismo año fueron aprehendidas JACINTA, ALBERTA y TERESA y en un juicio fast track, en el que no se presentaron pruebas en su contra, no hubo interpretes (las mujeres caso no hablaban español) y se fabricaron declaraciones, fueron sentenciadas a 25 años de cárcel y a pagar a los vulnerables agentes 90 mil pesos a cada uno.
Tres años después, un Tribunal Unitario revocó la sentencia. Las exoneró y en 2009 fue liberada JACINTA. Las otras dos indígenas quedaron libres al año siguiente
En mayo de 2014, ocho años después de la injusticia, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), luego de la demanda de resarcimiento moral y material interpuesta por las afectadas, dictaminó: “Jacinta, tienes razón. La PGR hizo mal su trabajo por lo que se te va a indemnizar”.
Aun así, la PGR interpuso el recurso de apelación para evitar la disculpa pública y la reparación del daño a las indígenas. Tuvieron que transcurrir dos años más para que el 25 de mayo de 2016, la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), dictara la sentencia definitiva que obligaba a la PGR a acatar el mandato.
ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, entonces procuradora y ahora encargada de actuar contra funcionarios corruptos, conoció del fallo pero dijo que lo “analizaría” y, de proceder, cumpliría la ejecutoria.
Se fue y jamás acató el mandato.
Ahora, nueve meses después, el procurador RAÚL CERVANTES ANDRADE informa que el martes 21 habrá un evento en el Museo Nacional de Antropología e Historia (el obligado relumbrón), donde dará una disculpa y ofrecerá reparar el daño causado a las mujeres indígenas.
Pero aún no reparan el daño y quien sabe cuánto tiempo más tenga que pasar (apenas van 11 años), para que realmente se haga justicia.
Pero no es el único caso.
Hace 15 años, en el 2002, recién estrenado GENARO GARCÍA como policía, sus hombres asesinaron a golpes al joven GUILLERMO VÉLEZ MENDOZA, instructor de un gimnasio. Lo acusaron de pertenecer a la banda de secuestradores “Los Ántrax”. Lo detuvieron y lo torturaron hasta matarlo. La PGR, a través de su oficina de prensa, se encargó de exhibirlo como plagiario.
GILBERTO HIGUERA BERNAL, entonces subprocurador y ahora con el mismo cargo, declaró que el presunto secuestrador había opuesto resistencia al arresto y los agentes sólo procedieron.
Ello provocó que los familiares perdieran su empleo y que en todos lados fueran señalados como secuestradores, por las acusaciones infundadas de la PGR.
La familia emprendió un litigio que duró siete años, hasta que en noviembre de 2009, un tribunal de alzada ordenó que la PGR ofreciera una disculpa pública y reparara el daño.
La madre del joven, NORMA GRISELDA MENDOZA ya no se enteró del triunfo. Murió medio año antes, agobiada por la larga lucha.
Se condenó a un comandante y a cinco agentes a pagar más de 10 millones de pesos. Los federales se declararon insolventes y la PGR tuvo que absorber el pago.
Pero todavía transcurrieron otros cinco años, para que en abril de 2014, JESÚS MURILLO KARAM, tuviera que ofrecer disculpas públicas y ordenara el pago de los 10 millones de pesos.
¿Y el verdadero responsable, el mecánico GENARO?
Bien, tostándose la epidermis en Miami.
Cuando menos debiera apoquinar la parte que le toca ¿o también es insolvente?
Al respecto, ALBERTO WOOLRICH ORTIZ, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, dice que el ex jefe policíaco no es intocable.
La PGR puede iniciar de oficio una averiguación previa, por obstrucción de la justicia (acción u omisión) y llamar a cuentas, aunque esté en el extranjero, a GARCÍA LUNA, lo que sentaría precedentes para que los nuevos funcionarios no incurrieran en lo mismo.
El prestigiado penalista expone:
“Cuando el poder se concibe y practica al margen del Derecho, sin el Derecho y contra el Derecho; cuando se prescinde de cualquier mínimo ético en la manera de investigar y hacer justicia; cuando los policías, fiscales y jueces se consideran por encima de la ley, exonerados de cualquier responsabilidad y reivindican con su práctica el derecho a delinquir y, por ende, a la impunidad, que no se extrañe nadie de que México vaya a la sima en el Derecho”.***LO PEOR DE LA INJUSTICIA ES QUE PAREZCA JUSTA, SIN SERLO.***AU REVOIR.
