CIUDAD DE MÉXICO, 29 de marzo (AlMomentoMX).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que investiga la queja de presos en cárceles federales, quienes denunciaron el alza en precios de los productos que se venden en las tiendas dentro de los Ceferesos.
“Se ha emitido un oficio que contiene un requerimiento de información con fundamento en el artículo 13 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) dirigido a la empresa Klasnic, S.A. de C.V., la cual ha manifestado que en los próximos días rendirá un amplio informe pormenorizado de los hechos que rodean a esta denuncia”, indicó el organismo a través de un comunicado.
De acuerdo con el diario Reforma, entre las personas que se quejaron por los precios, enviando cartas a la Profeco, están personajes como Vicente Carrillo Fuentes, exlíder del Cártel de Juárez; Sidronio Casarrubias, de Guerreros Unidos; y José Noé Barajas, de Los Caballeros Templarios.
Más de 60 internos del Altiplano firmaron la queja, y en el penal de Occidente, más de 70, detalló Reforma, entre ellos José de Jesús Méndez Vargas, “El Chango Méndez”, identificado como uno de los líderes del grupo criminal La Familia Michoacana.
Según la publicación, los reos expusieron que son “obligados a comprar productos para nuestra alimentación, aseo y papelería a un excesivo e injustificado sobreprecio”.
Agregaron: “Somos obligados porque no se nos proporciona una adecuada alimentación, porque sólo existe una opción que monopoliza la venta de productos, porque requerimos artículos de papelería para poder comunicarnos con nuestros familiares y juzgados para ejercer nuestro derecho de defensa”.
Por ello, la Profeco solicitó información para verificar que los “productos que se venden a las personas privadas de su libertad (PPL) en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) sean vendidos al mismo precio que se pague por ellos en el mercado regular”.
Señaló que todos, “independientemente de su condición y de las circunstancias en las que participan como consumidores, incluidos los centros penitenciarios, cuentan con el manto protector de la Ley Federal de Protección al Consumidor”, por ser un derecho constitucional.
“La institución estará atenta a las quejas y denuncias de estas personas sin que sea óbice el hecho de que estén privadas de su libertad”, señaló.
La Procuraduría se comprometió a que en cuanto se finalicen las indagatorias y se tenga una solución, se dará a conocer a la opinión pública.
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