Lilia Arellano
“Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que
obedecen, pierden el respeto”: Georg Christoph Lichtenberg
- Estado, responsable de Violencia sin precedentes
- Comprometidos: V. Fox, Calderón y Peña Nieto
- PGR al servicio de las mafias, incluso la política
- SEIDO en Q. Roo: cadena de abusos y desacatos
- Sin el TLCAN, México el más castigado: Cepal
- Caso Odebrecht: amenazas a los fiscales de A. L.
The New York Times dedicó un espacio muy importante en su edición del domingo anterior para analizar el crecimiento de la violencia y de la delincuencia en México durante los últimos 20 años y los liga, con suficientes argumentos, a los cambios de gobierno llevados a cabo durante ese tiempo. Uno de los señalamientos es suficientemente claro y se amplía al comprobar no se tiene procurador General de la República, tampoco Fiscales: ni General, ni Electoral, ni anticorrupción. Alejandro Hope, analista en seguridad expone en ese artículo periodístico: en México, no pasa nada si un policía no hace su trabajo. No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la Procuraduría. No pasa nada.
La exhibición sobre lo que sucede en esta tierra es provocadora de temor, pero también de vergüenza y no poca ira sobre todo cuando existen testigos, tanto como víctimas como los hay registrados como agresores. y no pocos han acumulado una gran rabia, sobre todo por la cantidad de farsas detrás de cada acción emprendida por autoridades suficientemente bien pagadas. Se advierte apenas se están encaminando las “fuerzas detrás de la violencia en México hacia su peor año en décadas”. Anotan es justo cuando se derrota a los cárteles de la droga en Colombia, cuando en el país se llevó a cabo una transición de la cual se esperó una auténtica llegada a la democracia, esto en el año 2000.
El tráfico de droga se mudó a México y la concentración de traslado, la comercialización y creación de nuevos cárteles se multiplicó. Con la llegada de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en el 2006, una de estas nuevas organizaciones delictivas creció y se hizo nacional: La Familia Michoacana. La victoria cuestionada y apretada, señala el diario, dejó a Calderón sin un mandato sólido. Al llamado de “guerra contra el narcotráfico”, los cárteles llenaron vacíos municipales y estales, sobornando a policías locales, jueces y presidentes municipales. Y así se inició una supuesta “guerra contra las drogas” generando una serie de problemas que alimentan una violencia cada vez más fuerte y violenta cuyo saldo son decenas de miles de mexicanos muertos.
Esta solución del gobierno conocida como Kingpin Strategy o de capo, en la cual las tropas buscaban capturar o asesinar a los líderes de los carteles, sólo logró fracturarlos y hacer surgir a nuevos grupos de narcotráfico y delincuencia organizada. La medida adoptada a corto plazo profundizó los problemas a largo plazo. “Al pasar por alto a los presidentes municipales y gobernadores, debido a que las prácticas predemocráticas en México los habían llevado a una corrupción sistemática y sin rendición de cuentas, el gobierno terminó por reducir justamente esa rendición. Y al moverse por encima de la debilitada policía local y de los jueces, el gobierno permitió el deterioro de esas instituciones con los fondos y la atención política enfocados en las fuerzas federales”.
El narcotráfico requería de recursos e infraestructura de la que carecían las nuevas agrupaciones, lo cual propició que muchos comenzaran a secuestrar, robar y extorsionar. Los delitos rapaces repuntaron. Los mexicanos comunes y corrientes, que antes eran en su mayoría solo testigos indirectos del conflicto, se convirtieron en blancos justo cuando el Estado los había dejado en una posición vulnerable por la situación con las fuerzas del orden. “En ese proceso de fragmentación no hicimos el trabajo de estructurar a las instituciones de las fuerzas policiales”, comentó Guillermo Valdés, quien dirigió el Cisen mientras se desarrollaban estos hechos. “Así que tenemos lo peor de lo peor”.
“Los mexicanos tienen presente que su gobierno responde cada vez menos a medida que las calles se vuelven más peligrosas: varias encuestas demuestran un incremento en la insatisfacción hacia las autoridades, en especial respecto a la corrupción. “Tenemos una clase política que se olvida por completo de para qué está aquí”, afirmó Armando Torjes, activista comunitario en Guadalupe, Nuevo León, ciudad al noreste del país. “En cada proceso electoral, dijo, surge un nuevo funcionario con un proyecto de tres años. Muchos de ellos dejan sus cargos visiblemente más ricos, agregó. Cuando los funcionarios sí trabajan como deberían, atienden problemas superficiales, aumentando la cantidad de patrullas o cambiando una estrategia policial, sin afrontar lo que llamó “la descomposición social”.
LLEVADO A LA REALIDAD
Es justamente en el periodo referido por TNYT que se acumularon los malos ejemplos en la PGR, tanto aquellos en donde exhibieron una brutal cadena de acciones en contra de ciudadanos, como los realizados en contra de luchadores sociales y políticos. Rafael Macedo de la Concha la emprendió contra AMLO procurando por todas las vías su desafuero. Daniel Cabeza de Vaca mantuvo en una cárcel de máxima seguridad a los líderes del movimiento originado en Atenco, cuyos campesinos se oponían a la venta de sus tierras para llevar a cabo la construcción del nuevo aeropuerto. Quien ahora despacha como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, aparece como eje central de los acontecimientos en donde Florence Cassez es la protagonista y su verdugo García Luna, por entonces titular de Seguridad.
Jesús Murillo Karam nos salió con su “verdad histórica”; Arely Gómez se hizo de la vista gorda cuando le presentaron denuncia tras denuncia sobre actos de corrupción de gobernadores en funciones y ex gobernadores procedentes de la Auditoría Superior de la Federación, y luego, Raúl Cervantes, con los expedientes integrados sobre el caso Odebrecht-Lozoya-Enrique Peña Nieto decide “no estorbar” y sin mediar señalamientos de responsabilidad alguna al tener también pendientes los casos de corrupción más sonados en las últimas décadas, simplemente se va. Quien se queda a cargo del despacho se inaugura cometiendo una serie de ilegalidades bien descritas por Santiago Nieto al señalar no existen elementos para haber sido destituido y arranca lo que será un escándalo mayúsculo, seguramente de nuevo internacional, al violentar los derechos de 1,500 usuarios de cajas de seguridad en Quintana Roo.
Convertir a la Fepade en un aliado en las elecciones del 2018 fue y es el propósito del PRI una vez conseguido por la vía de la imposición e inclusive del cabildeo, el respaldo en el INE y en el TRIFE. Sabedor de carecer de una mayoría de minorías simpatizante y haciendo gala de su sistema de convencimiento a través de las dádivas y explotando a ese mismo pueblo al que ha hundido en el empobrecimiento y la ignorancia, recurre con anticipación a una estrategia en la cual sólo se presente como el gana-gana. Todavía no se sabe con exactitud hasta dónde llegó la amenaza hecha realidad del Verde de romper con la alianza si no se decidían a eliminar a Santiago Nieto de la escena en venganza por haberse manifestado en contra de la llegada de Arturo Escobar a la secretaría de Gobernación, dependencia a la cual ya le habían puesto el ojo para, más temprano que tarde, eliminar a Osorio Chong.
Esta liga entre la procuración de justicia y la política se ha fortalecido y el espacio desde el cual se permite la libre acción de las mafias ha sido por éstas debidamente aprovechado. Lejos de darse a conocer golpes a la delincuencia, se enfrenta una situación en la cual se considera de mayor jerarquía limpiar el expediente relacionado con la entrada de dinero proveniente del extranjero a la campaña de Enrique Peña Nieto, con lo cual el PRI perdería el registro y, obviamente, no participaría en el proceso del próximo año. Comprensiblemente existen quienes creen en lo imposible de llegar a este extremo en este país.
Los mexicanos podemos observar de lejos la aplicación de las leyes en otros países. En el caso de Odebrecht, presidentes y ex presidentes de países centro y sudamericanos están en la mira o ya acusados formalmente y en espera del último dictamen, de la sentencia. En Estados Unidos y siguiendo la investigación a Donald Trump sobre sus relaciones en campaña con Rusia, ya se entregaron al FBI un par de amigos y cercanos colaboradores de primer nivel en su campaña y el final de este tambaleo en el cual se sacude el inquilino de la Casa Blanca es para muchos irremediable, aún y con mayoría Republicana en los Congresos y esto refleja la existencia de una auténtica división de poderes. Aquí se trata de borrarlo todo y evitar queden huellas.
Declaraciones de Carlos Fadigas, ex director de Odebrecht, hunden a Lozoya y al propio Peña Nieto al asegurar las entregas en dólares directamente para la precampaña y la campaña. Sumados a las aportaciones de OHL, a las de los ex gobernadores dentro y fuera de la cárcel, los escándalos y lo demostrado sobre las tarjetas de Monex o las de Soriana, van integrando un expediente lo suficientemente fuerte para que quienes omitieron el cumplimiento de su responsabilidad, los del INE, junto con los protagonistas del sexenio, encuentren su futuro tras las rejas o algo más si descubren pruebas de sociedades y complicidades.
CADENA DE ABUSOS Y ARBITRARIEDADES
En Quintana Roo debiera ser motivo de atracción el ser el punto en el cual El Chapo, El Azul, El Mayo, La Reina del Sur, la del Pacífico, La Barbie y los líderes de la Familia Michoacana o del Cartel Jalisco Nueva Generación son “pecata minuta”, la buena entre los malos es nada más y nada menos que Doña Lety, quien llevó a la SEIDO, a la PGR, a la comisión de todo tipo de arbitrariedades, de abusos, de violaciones a la ley, desde donde partieron órdenes para mantener a una prensa, con circulación en la capital del país y a los medio de comunicación electrónicos, muda ante el aseguramiento de mil 500 cajas de seguridad rentadas a la empresa First National Security.
Leticia Rodríguez Lara se encuentra detenida y la investigación, según argumentan para llevar a cabo estas acciones, sigue y ello justificó se presentaran y allanaran sin orden judicial alguna las oficinas de la empresa y se llevaran computadoras, registros, papelería, etcétera. Según el propietario, Santiago Ancona Teigell, fue recibido en diversas ocasiones por autoridades en la SEIDO, ante quienes mostró total disposición para abriles la bóveda, hacer el llamado a los usuarios para que les abrieran las cajas, estar a su completa disposición. Negó conocer a Doña Lety, como, dijo, no conoce a sus clientes y, sin embargo, les ofreció entregar las grabaciones sobre la entrada y salida de usuarios de los últimos cuatro años. O sea, todo para facilitar su investigación.
De manera oficial y pese a las manifestaciones realizadas durante el fin de semana, los usuarios de estas cajas no han recibido información oficial alguna y sí fueron rodeados por decenas de policías, quienes en reiteradas ocasiones les hacían invitaciones para retirarse del lugar desde el cual observaban si se llevaría a cabo el traslado de sus pertenencias a la capital del país. Colocaron un anuncio escrito a mano dando indicaciones de presentarse en Reforma 75 y un teléfono para hacer cita.
Trascendió había uno de los afectados logrado una cita en la SEIDO a realizarse el día de mañana. El director se entrevistaría con una comitiva de cinco representantes, de preferencia abogados. ¿Representantes de quién? ¿Acaso quienes acudirían saben lo que hay dentro de todas las cajas, pueden responder por ellas? ¿Irán para representar o para exigir un alto a los abusos y violaciones y daños cometidos? Es obligación del titular de esa subsecretaría ir a Cancún, dar explicaciones a los afectados, ellos cuentan con avión, gastos pagados, guardias de seguridad e inclusive oficinas en Cancún. ¿Por qué quienes pagan sus salarios tienen que ir a buscar explicaciones? Hay que estar aquí y exigir la entrega de los bienes.
De otra forma se está pavimentando un camino para la delincuencia. No es mito genial la complicidad existente entre policías y mafiosos. La Ciudad capital del país no es un recinto sagrado y, por lo tanto, la exposición es abierta para el asalto hasta rumbo al aeropuerto. La llegada a Cancún y a los hogares es otra etapa de peligro y luego mantenerlas en casa otra situación mucho peor. Si se decide dejarlas en otro lado, el hecho de contar con nombres, teléfonos y dirección, los hace blanco de secuestros sabedores de la existencia de recursos para hacer el pago por la liberación.
No se ha generado ninguna mentada de madre para Doña Lety y sí para estas autoridades accionando en contra de los ciudadanos y a ciegas ante el avance la delincuencia organizada, la cual no está tras las rejas sino actuante como ha quedado registrado al ocupar Quintana Roo un tercer lugar entre las entidades con mayor incremento de violencia en el 2017, o al no entregar resultados sobre las balaceras, explosiones con saldos mortales. Realmente, ¿qué buscan? ¿Dinero, droga, documentos? ¿De quién o de quiénes? La farsa de un grupo poblano encabezando estas acciones nadie se las cree.
En ese punto en donde se une la delincuencia y la política y en donde surgen las denuncias, quienes gobiernan están dispuestos a todo con tal de no ser descubiertos y uno de los mejores y más recientes ejemplos lo tenemos en el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galitzia, integrante importante del grupo encargado de las denuncias sobre los Panamá Papers. ¿Qué tan gordo estará el caldo? Ya se verá cuando se tenga algún resultado de la exposición hecha por los diputados quintanarroenses: Patricia Sánchez, Chano Toledo, Arlet Mólgora y la cozumeleña Sara Latife, si es que lo hay.
MÉXICO, EL MÁS CASTIGADO
De cancelarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México sería el país más castigado, confirmó la Comisión Económica para América Latina (Cepal). El PIB del país caería 1.9 por ciento el primer año, tras la desaparición del TLCAN, y se generaría una caída de 8.5 por ciento en las exportaciones de México a Estados Unidos, estimó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, en una conferencia desde Santiago, Chile, donde se localiza la sede de ese organismos internacional.
Si las negociaciones en curso no tienen éxito y el TLCAN se cancela, el comercio entre México y Estados Unidos sería a través de los esquemas arancelarios de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y cuotas de Nación Más Favorecida (NMF), lo cual tendría un impacto instantáneo sobre la economía mexicana, con profundos efectos para los exportadores del sector agroindustrial y de manufacturas pesadas, principalmente los de auto, maquinarias y equipo electrónico, advirtió Bárcena durante la presentación del informe “Perspectivas del comercio internacional de América Latina y el Caribe 2017”.
Sectores como el automotriz y el agroindustrial registrarían descensos de hasta dos dígitos en el caso de un “fallo” en el TLCAN, mientras que una caída en las inversiones provocará una baja de hasta 0.3 por ciento del Producto Interno Bruto del país. En caso de que “fallara” el TLCAN, las exportaciones mexicanas hacia los países de América Latina y el Caribe aumentarían 6.3 por ciento, un dato muy lejano para compensar las bajas en las ventas de bienes al mercado estadounidense.
Son “difíciles” las condiciones que impone el gobierno de Donald Trump a sus socios comerciales en el TLCAN dentro de las renegociaciones, las cuales se encuentran en su cuarta etapa de conversaciones. Los cambios a las reglas de origen para el sector automotriz y el arbitraje en caso de controversia son los temas más complicados, destacó la secretaria ejecutiva de la Cepal.
Profundizar su integración con el resto de la región recomendó la Cepal a México, y así amortiguar el efecto adverso del término de las preferencias y ventajas actuales con la región de América del Norte. “México necesita replantear una agenda diferente de desarrollo, eso es lo que fundamentalmente es importante: potenciar el mercado interno, potenciar los salarios ya que hay que buscar cómo lograr un salario mínimo de 15 dólares la hora, lo cual haría que también creciera el mercado interno”, subrayó Bárcena.
El escenario ideal es que México logre un resultado positivo en la modernización del acuerdo, además de profundizar en un esquema de integración regional que permita que todos los países de la región eliminen sus aranceles a las importaciones originarias del resto de la región. A pesar de la incertidumbre provocada por la actual administración de EU, las exportaciones de México crecerán 9 por ciento este 2017, pronosticó la Cepal.
DE LOS PASILLOS
En el Senado de la República, sin haber sesionado, integrantes de la Junta de Coordinación Política, senadores independientes y de oposición adelantaron en el Pleno la discusión sobre el caso Fepade… El senador independiente, Alejandro Encinas, sostuvo el proceso de objeción debe continuar y se debe citar al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, a fin de rendir cuentas y justificar la destitución… El senador del PRD, Fernando Mayans, exigió se haga justicia en el caso Odebrecht. Reprochó que mientras en otros países de América Latina hay funcionarios en la cárcel señalados por recibir sobornos de la empresa brasileña, en México sólo hay impunidad… “Este no es asunto de nombres, sino de instituciones, eso es lo que está en debate. El tsunami de Odebrecht alcanzó a México, podríamos estar hablando de delincuencia organizada trasnacional”, dijo la perredista Angélica de la Peña…
Fiscales de Perú, Ecuador, Guatemala, Argentina, Portugal, El Salvador, Suiza, Colombia y México se reúnen en Panamá para intercambiar información sobre blanqueo de capitales, especialmente del caso Odebrecht. “Muchos fiscales y procuradores de países estamos siendo presionados y algunos hasta amenazados por estas investigaciones, hay que decirlo muy claramente”, afirmó el Fiscal General de El Salvador, Douglas Meléndez… El caso de Odebrecht ha sacudido los círculos de poder y la política en América Latina, llevando a la cárcel a ex presidentes y altos funcionarios en países como Brasil, Perú y Colombia… La trama de Odebrecht es “el caso más grande en el mundo en el tema de corrupción y lavado de activos”, dijo el Fiscal de la Nación de Perú, Pablo Sánchez.
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