Por Mouris Salloum George*
De tanto negarse a la democracia -aun la contratada– y dejar de lado la comunicación política, el sistema se despeña por el hoyo negro de la violencia y la incertidumbre con vistas al 1 de julio.
La obcecación en el “no cambio” en la actual correlación de fuerzas políticamente beligerantes, prefigura ya la amenaza de ruptura del orden constitucional.
Algunos signos de ese oscuro umbral: el Poder legislativo se resiste a legislar por iniciativa propia; el Ejecutivo expresa su desacato a la autoridad electoral constitucionalmente acreditada; los árbitros electorales se trenzan en sus propios conflictos institucionales.
La partidocracia se defiende como gato boca arriba contra las candidaturas independientes que irrumpen la pugna presidencial; los candidatos frentistas o partidistas no cesan en su pugnaz y ruin personalización de ataques al adversario.
Los poderes fácticos medran en las campañas, tratando de imponer criterios de preferencia y dinamitar propuestas de gobierno que no acomodan a sus privilegiados intereses.
Una candidata presidencial independiente tira el arpa denunciando inequidad en las prerrogativas electorales, y otra aspirante fue eliminada en medio de tufos de racismo y discriminación.
Continúa incesante el mortal exterminio mortal de agentes políticos y se obliga a mil candidatos a puestos de elección a renunciar a sus aspiraciones.
La instancia jurisdiccional advierte que puede rebasar 50 mil el número de asuntos a tratar en 2018 por inconformidades, quejas o impugnaciones de los actores en contienda.
Este último es el punto: a final de cuentas, es esa instancia, donde despachan siete magistrados, la que tendrá la última palabra -definitiva e inatacable- en el nombramiento del próximo Presidente de México.
Cuestión de legalidad, imparcialidad y de certeza el proceso electoral, nadie se preocupa por el principio de legitimidad, imperativo ineludible para el ejercicio del poder político. Grave asunto.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
