Por Mouris Salloum George*
Lo advirtió ayer, ante diputados federales, el nuevo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa: O todos cooperamos, o el exceso de gasto corriente nos llevará a la ruina. Que no sea voz que clame en el desierto.
El responsable de las finanzas públicas del nuevo gobierno compareció ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, donde sostuvo que la falta de racionalidad en el excesivo gasto de operación genera dispendio y corrupción. ¿Quién, con un poco de decencia, puede contradecirlo?
Don Carlos Urzúa fue requerido a explicar y despejar dudas sobre el paquete que contiene los Criterios de Política Económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, primer año de la cuarta transformación.
El nuevo proyecto económico que normará la gestión del Erario Público entra a discusión a la sombra de dos espectros inocultables: 1) El costo anual de la corrupción en México fluctúa en el billón de pesos, y 2) La suma de la deuda pública rebasó ya el monto de los diez billones de pesos.
Deuda pública, la Espada de Damocles de las calificadoras
La carga de los servicios de la deuda absorbe un alto porcentaje del gasto federal, pero pesa, además, -y esto se blande como una descomunal y filosa Espada de Damocles– en los criterios técnicos y políticos de las calificadoras extranjeras que, desde 2015, tienen encendido el láser sobre la proporción que esos compromisos representan respecto del Producto Interno Bruto (PIB).
La nueva administración llega asfixiada por una acerada camisa de fuerza: No se crearán nuevos impuestos ni se incrementarán los vigentes. Ni hablar de los regímenes fiscales especiales en favor de los grandes contribuyentes, aunque, en la práctica, no sean ni causantes menores.
Según evaluaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entre los países emergentes y específicamente entre los de América Latina, México se destaca por su baja captación tributaria. Muy por debajo del 20 por ciento del PIB.
Hay herencias malditas: La de la deuda se ha venido disparando exponencialmente desde 2000.
Tenaza infernal impide la inversión productiva
Los servicios de la deuda y el gasto corriente forman la tenaza que impide que el Estado disponga y destine más recursos presupuestales a la inversión productiva.
Ese es el caldo de cultivo de las llamadas asociaciones público-privadas. En cuanto a potenciales beneficios, más privados que sociales.
Pongamos el dato central del Presupuesto de Egresos 2019: Poco más de cinco billones 800 mil millones de pesos. Apartamos el dato de inversión en infraestructura física: Unos 700 mil millones de pesos.
Al gasto corriente, en cambio, se reservan dos billones 533 mil millones de pesos. De este total, a servicios personales se etiquetan un billón 249 mil millones de pesos. Por servicios personales se entiende el pago de las remuneraciones a la burocracia. Los altos y medios mandos se llevan la parte del león.
La burocracia no goza de buena fama pública
Desde siempre, pero particularmente desde 2003, hay una constante en la percepción pública sobre la utilidad de algunas instituciones del Estado.
Verbigracia: Los servidores públicos apenas alcanzan un grado de confianza popular de 5.54 en una escala de diez puntos. Los tribunales que imparten justicia, 6.33.
No obstante ese trasparente escrutinio, entre mayo y junio pasado, en plenas campañas presidenciales, Enrique Peña Nieto autorizó un sustancial incremento a las remuneraciones de los cuadros privilegiados de la administración federal.
(Con datos de la misma investigación demoscópica, las universidades públicas alcanzan un grado de aceptación de casi ocho puntos).
Ahora que la cuarta transformación se pone a caballo, el peritaje del responsable de las finanzas públicas acusa que el exceso de gastos de operación auspicia el dispendio y la corrupción. Aquí no se desmiente a nadie.
Conmina don Carlos Urzúa a que todos cooperemos para evitar la ruina. Entre esos todos está la sociedad civil. Pero esta sociedad no tiene capacidad ni de coacción ni de sanción. En otros está el poder punitivo: No hay más vela que la que arde. Vale.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
