CIUDAD DE MÉXICO.- El reciente fallecimiento de una adolescente de 14 años tras someterse a una cirugía de implantes mamarios en Durango ha expuesto con crudeza un tema que hasta ahora permanecía en segundo plano: la falta de regulación sobre procedimientos estéticos en menores de edad en México.
El caso ha despertado indignación y alimentado un debate urgente sobre los límites entre la decisión familiar, la responsabilidad médica y la protección del Estado hacia los más jóvenes.
La normativa vigente exige que cualquier cirugía sea realizada por un médico con cédula profesional y experiencia acreditada, en establecimientos con licencia sanitaria. Sin embargo, no existe una regulación específica para operaciones estéticas en menores, lo que permite que adolescentes sean sometidos a procedimientos de alto riesgo con la sola autorización de un padre, madre o tutor.
Para especialistas, esta ausencia de reglas claras abre la puerta a prácticas cuestionables. “En menores de edad, solo deberían considerarse cirugías reconstructivas. Hablar de implantes o procedimientos estéticos antes de los 18 años es alarmante”, advierte el cirujano plástico Jorge Tejada, con práctica en la Ciudad de México.
Tras el caso, el diputado Gerardo Villarreal Solís (PVEM) presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, que obligaría a incorporar dictámenes médicos, evaluaciones psicológicas y el asentimiento informado del menor antes de cualquier cirugía plástica. La propuesta busca frenar la banalización de estos procedimientos entre adolescentes, impulsada en gran parte por redes sociales y modelos de belleza irreales.
La diputada Patricia Flores (Movimiento Ciudadano) respaldó la propuesta al revelar cifras alarmantes: en México se realizan más de 280,000 cirugías plásticas a menores de edad cada año, una cifra que coloca al país entre los primeros del mundo en intervenciones estéticas y que refleja la presión cultural sobre la apariencia.
México ocupa el tercer lugar mundial en cirugías plásticas y el segundo en turismo médico-estético. Este crecimiento, sin embargo, ha ido acompañado de irregularidades: entre 2022 y 2024, la Cofepris clausuró al menos 97 clínicas que operaban sin autorización o con graves fallas de seguridad.
Pese a estas acciones, tragedias recientes muestran que los mecanismos de vigilancia siguen siendo insuficientes. En agosto de 2025, la muerte de Jacqueline Yamileth Briones, una joven de 25 años sometida a una lipoescultura en Nuevo León, exhibió nuevamente la falta de control, ya que el médico responsable huyó tras la operación y continúa prófugo.
La discusión sobre cirugías estéticas en menores no se reduce a una cuestión médica. También involucra las presiones sociales que empujan a adolescentes a modificar sus cuerpos para ajustarse a estándares impuestos, muchas veces reforzados por redes sociales que normalizan y hasta celebran las intervenciones quirúrgicas.
El desafío para México será diseñar un marco regulatorio que proteja la integridad de niñas, niños y adolescentes, sin dejar de contemplar los procedimientos reconstructivos que sí pueden mejorar su calidad de vida. La pregunta de fondo es clara: ¿quién protege realmente a los menores cuando la estética se antepone a la salud?
AM.MX/fm
