CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, informó a la Asamblea que la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para reprogramar los comicios de las personas juzgadoras fue turnada directamente a la Cámara de Diputados. El proyecto de ley plantea un cambio sustancial en los plazos, proponiendo que este proceso democrático se traslade al primer domingo de junio de 2028, modificando el esquema previo del poder judicial.
El documento, publicado formalmente en la Gaceta de la Permanente, destaca que la legislación actual había establecido un calendario de renovación escalonada. Sin embargo, se detectó que el diseño original abría la posibilidad de que la elección de jueces y magistrados coincidiera con el proceso electoral federal ordinario de 2027. Esta coincidencia impondría desafíos técnicos y logísticos críticos tanto para el INE como para el poder judicial, razón por la cual se vuelve indispensable una reforma de ajuste.
Homologación en estados y certeza jurídica con la nueva reforma
El Ejecutivo Federal argumentó que esta propuesta no busca sustituir los avances democráticos alcanzados previamente, sino que profundiza la reforma estructural del sistema de justicia. Una de las adiciones más importantes del proyecto es que obliga a las entidades federativas a alinearse con los tiempos federales; los estados no podrán, bajo ninguna circunstancia, celebrar elecciones locales en fechas distintas, garantizando la homogeneidad en todo el territorio nacional.
“Esta decisión fortalece la identidad propia del modelo de justicia democrática impulsado por la Cuarta Transformación y abre la oportunidad de realizar los ajustes normativos necesarios para el beneficio del pueblo de México”, expresa el documento oficial.
Asimismo, la reforma contempla adecuar el marco constitucional en materia de revocación de mandato. Se busca que este ejercicio de participación ciudadana pueda realizarse de manera concurrente con las elecciones ordinarias del año respectivo, optimizando los recursos públicos y evitando la duplicidad de estructuras financieras o humanas en detrimento del presupuesto del poder judicial.
Boletas simplificadas, paridad de género y blindaje del voto
Para resolver la complejidad técnica que implicaba el voto en las urnas, la reforma plantea un rediseño radical de las boletas y una reducción drástica en el número de candidaturas. Los Comités de Evaluación del poder judicial aplicarán un sistema de selección mucho más ágil:
Filtro de aptitud: Los comités elegirán estrictamente a las cuatro personas mejor evaluadas para cada cargo o especialidad.
Insaculación pública: Mediante una tómbola pública, la lista de cuatro aspirantes se reducirá a solo dos postulaciones finales por cargo.
Equidad garantizada: Los sorteos públicos se realizarán de forma separada para hombres y mujeres, asegurando que el conjunto final de candidaturas quede conformado en partes iguales (50% por cada género) respetando el principio de paridad.
Finalmente, el proyecto estipula que las elecciones se llevarán a cabo exactamente en las mismas casillas y ubicaciones geográficas que los comicios federales ordinarios de ese año. Con esta medida, la nueva reforma no solo busca un ahorro significativo de recursos económicos, sino que simplifica el ejercicio del voto ciudadano, consolidando un poder judicial con mayor legitimidad y cercano a la población.
AM.MX/fm
