CIUDAD DE MÉXICO, 18 de julio (AlMomentoMX).— Ta y como argumentó la Procuraduría General de la República, un tribunal federal determinó que es imposible jurídicamente cumplir la sentencia que ordena la creación de una Comisión de la Verdad para investigar el caso Iguala.
De acuerdo con las constancias judiciales, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito emitió un acuerdo donde se señala que existe la imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora ordenada por el Primer Tribunal Colegiado a petición de Patricio Reyes Landa, El Pato, identificado como supuesto sicario de los Guerreros Unidos, que habría participado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordenó la constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala) y las facultades concedidas, en la investigación de delitos a dicha comisión”, indicó.
Es decir, el Tribunal reconoció que los argumentos de que el ministerio público es quien tiene facultad exclusiva para investigar y perseguir delitos, por lo que, las atribuciones contenidas en la sentencia que ordena la creación de la Comisión, vulneran la naturaleza jurídica de la autoridad investigadora.
La sentencia del Tercer Tribunal Unitario puede ser impugnada por un recurso de inconformidad, que de acuerdo con la Ley de Amparo en el artículo 203 deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Tras las investigaciones de la PGR, algunos acusados presentaron amparos al proceso al que eran sometidos. Uno de esos, el amparo 121/2015 promovido por Patricio Reyes Landa, derivó en la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, el cual ordenaba la creación de la Comisión de Justicia.
Sin embargo, la PGR presentó “incidentes” que se referían a la imposibilidad de cumplimiento para su creación. Luego, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también refrendó estos argumentos, ya que el ombudsman que llevaría la Comisión no está facultado, de acuerdo con la Constitución, para indagar los delitos y presentar acusaciones legales.
La Comisión de la Verdad sería encabezada por representantes de las víctimas y la CNDH, que determinarían las líneas de investigación, con el Ministerio Público, peritos y la Procuraduría.
Además, los magistrados ordenaron reponer el procedimiento de investigación y que el Ministerio Público presentará dictámenes hechos por peritos independientes, en cumplimiento con el Protocolo de Estambul.
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