CIUDAD DE MÉXICO.- Con 267 votos a favor, 221 en contra y 0 abstenciones. El Pleno aprobó en lo general las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia electoral y más tarde lo hizo en lo particular por lo que pasa al Senado de la República para continuar con su trámite legislativo.
De esta manera, una vez que se desechó la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena y sus aliados se impusieron avalando en el Plan B, enviado este mismo martes a San Lázaro, que contiene las modificaciones a las leyes secundarias en materia electoral y cambios significativos a la estructura administrativa, límite a facultades y reducción al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE).
La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversos Ordenamientos en Materia Electoral, al tenor de la siguiente, señala que se compacte la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE); que los órganos distritales sean temporales, y se reduzcan de 300 a 260 durante periodo no electoral.
En lo particular, el proyecto se aprobó con 267 votos a favor, 215 en contra y ninguna abstención, con una modificación aceptada por la Asamblea para agregar un inciso K al artículo 5 de la Ley General de Comunicación Social, para que los entes públicos en la materia observen el principio de interculturalidad.
Elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional; unifica el programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el cómputo de la elección; establece que los consejeros del INE y los magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tengan un salario inferior al del presidente de la República.
Elimina dos Salas Regionales que no entraron en funciones y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral cuyas atribuciones serán absorbidas por la Sección Resultora de la Sala Superior del TEPJF.
Además especifica la entrega de dádivas, bienes o servicios, presiones y condicionamientos del voto de las personas candidatas o partidos políticos durante los procesos electorales.
Garantiza el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva, así como el voto de las personas con discapacidad en estado de postración y facilita el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, mediante el uso del internet y al permitir su ejercicio con la presentación de pasaporte o matrícula consular.
Otro de los cambios establece la creación del Procedimiento Único de Queja en Materia Electoral, mediante el cual se sustancian y resuelven los asuntos relacionados con la fiscalización y la remoción de consejerías de los OPL, y se deja íntegramente el procedimiento especial sancionador.
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