Roberto Vizcaíno
Andrés Manuel López Obrador regresó el sábado a su posición inicial al indicar que su reforma eléctrica será aprobada en San Lázaro sin modificaciones.
Tal cual él la envió.
Con este regreso a su posición de arranque, Andrés Manuel López Obrador no sólo anula los afirmaciones del coordinador de Morena en Cámara de Diputados, Ignacio Mier quien dijo que esa reforma saldría con modificaciones; y pone contra la pared al del Senado, Ricardo Monreal, quien afirmó el jueves que si en San Lázaro no la adecuaban a lo hablado en el Parlamento Abierto, y a los reclamos de EU y empresarios del ramo, en el Senado sí lo harían.
El zacatecano dijo:
“… el Senado actuaría como siempre lo ha hecho, con reposo y con moderación (y dentro de eso, las modificaciones), eso es inevitable porque si algún empresario, algún inversionista siente que sus intereses han sido deteriorados o están en riesgo, van a acudir a las instancias internacionales, porque así lo establece la Constitución.
“Recuerden ustedes que (de acuerdo a los tratados internacionales firmados por México) renunciamos a la jurisdicción nacional, es decir, que todos los conflictos que se presenten sobre interpretación de leyes, tienen que ser dirimidos en páneles internacionales y en estos lugares de arbitraje internacional; no nos va bien y son muchos, miles de millones de dólares los que estaríamos en riesgo de estar pagando, si se aprobara en esos términos”, afirma con claridad.
Poco antes, el jueves, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, fue más enfático al indicarle a los diputados que sería bueno que aprobaran una reforma que no dañe los contratos existentes con las empresas extranjeras, ya que sin confianza no habrá inversión en el País.
El llamado tuvo el apoyo de un importante segmento del Congreso de EU, de empresarios y de la representante Comercial estadounidense, Katherine Tai, quien no escondió su preocupación al señalar que los cambios planteados por el mandatario mexicano en energía han debilitado fuertemente la confianza de los inversionistas en México.
En ese encuentro estaba el congresista republicano Kevin Brady, el legislador más influyente en el Comité de Medios y Arbitrio de la Cámara Baja, y la demócrata por Texas Verónica Escobar.
En este punto, afirman, convergen republicanos y demócratas quienes señalan que el presidente Andrés Manuel López Obrador es ya un riesgo interno para Estados Unidos y su Gobierno si a las reformas se les agrega su entrega a carteles y mandos de la delincuencia organizada, a la ejecución de periodistas y embates a las instituciones democráticas, y especialmente por su incapacidad para enfrentar y superar la crisis económica y clima de violencia que ya afecta a cadenas de producción.
RESPETO A KEN, PERO AQUÍ MANDO YO
En lo que se consideró una respuesta estos reclamos, también durante el pasado fin de semana el mandatario mexicano le advirtió al embajador norteamericano que si bien lo respeta, es en México donde se definen políticas, reformas y su destino.
Y en una visita a Cuernavaca, dijo que su reforma eléctrica saldrá aprobada tal cual él la envió porque con ello le permitirán poner fin a contratos leoninos sin pagar ninguna indemnización a las empresas afectadas.
– ¿Se acabarían los contratos como están ahora?, lo interrogaron.
“Sí, sí… porque son leoninos, porque no puede ser que estas empresas por influyentismo tengan subsidio”.
– ¿No se pagarían a empresas por indemnizaciones o multas?, le reviraron.
“No, no, no, no, no, no”, respondió para dejar absolutamente en claro cuál es su prospectiva respecto de esta reforma.
Sobre esto, López Obrador insisitió que esos contratos que hoy muchos defienden fueron obtenidos a través de actos de corrupción y pidió a EU reconocerlo y asumir una postura similar a la suya.
“Afirman que va a haber sanciones y que se está violando el Tratado de Libre Comercio… nada de eso, estamos combatiendo la corrupción“, aclaró.
O sea, todo indica que el mandatario recuperó su dura posición inicial luego de un lapso en el que pareció que había reconocido los riesgos de continuar con su reforma eléctrica, una reforma que todos los demás de fuera de su círculo consideran un cambio de reglas que tendrá efectos negativos en inversión y en juicios internacionales con costo de miles de millones de dólares.
Todo eso, afirman inversionistas, modifica las reglas de inversión, por lo que empresas que tienen inversiones en el sector eléctrico bajo el régimen de un tratado del cual forme parte México, pueden demandar al país.
Los arbitrajes podrían darse entre empresas instaladas en México contra el Gobierno mexicano, o de Estado a Estado.
En el T-MEC existe el anexo 14-B donde se habla sobre las expropiaciones indirectas, al que podría apelar un inversionista en caso de cambio de reglas.
Con todo esto entramos en estos días al trámite final de la reforma eléctrica en San Lázaro y se espera que continúe desde mediados de abril en el Senado donde sólo tendrán unas cuantas sesiones para sacarla adelante.
Esta circunstancia pone desde hoy contra las cuerdas al senador Ricardo Monreal quien deberá entregar una reforma casi intocada a AMLO para que sigan las cosas en paz entre ellos.
Circunstancia que, creo, pudiera acelerar una definición entre ambas partes dentro de la muy avanzada sucesión presidencial.
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