Miguel Tirado Rasso
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La actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es producto del trabajo legislativo de muchos años, con la participación y aportaciones de las diversas fuerzas políticas que, en su momento, tuvieron presencia en el escenario político del país. Con la evolución de ese ordenamiento se sentaron las bases legales que más adelante hicieron posible una alternancia democrática en la que, tras 71 años de un partido hegemónico en el poder, en los últimos cuatro comicios federales, tres partidos de oposición han ganado la elección presidencial, el PAN en 2000, el PRI en 2012 y Morena en 2018.
Vale recordar esto, además de resaltar el hecho de que estas transiciones se han dado de manera pacífica, porque en mucho, como lo hemos señalado en anteriores ocasiones, se debe a la función de una autoridad electoral profesional evolucionada. Que, de ser juez y parte, por ser el propio gobierno el que organizaba, supervisaba y calificaba la elección, se logró una muy sana y necesaria independencia y autonomía, lo que le ha dado al Instituto Nacional Electoral imparcialidad en su arbitraje y actuación sin compromisos. Su eficacia ha quedado evidenciada con los cambios políticos que nuestro país ha experimentado en estos últimos años, sin mayores sobresaltos.
Pero ahora resulta que, en una actitud que recuerda sus mejores reclamos y plantones de otros tiempos, cuando desafiaban a las instituciones, se resistían a respetar las leyes por considerarlas injustas, excesivas y absurdas e incitaban a la violencia como vía de presión, el partido en el gobierno, Morena, olvida que ya están en el poder, que no son más oposición y que lo menos que se espera de ellos, es que den el ejemplo, respeten su guía moral de no mentir y cumplan con la ley. Sobre todo, con los ordenamientos que, en otros tiempos y circunstancias diferentes, ellos mismos promovieron, porque consideraban necesarios para la transparencia y equidad en la competencia electoral y que ahora tanto parece incomodarlos.
El conflicto por la cancelación del registro de la candidatura para gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, ha escalado por no querer reconocer el fondo del problema que es tan simple como aceptar que se violó una ley y que esto tiene como consecuencia la aplicación de una sanción que está especifica y claramente señalada en el ordenamiento. El INE lo único que hizo fue aplicar la ley, el artículo 299, numeral 3, que a la letra dice: “Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato…”
Sin que la norma establezca otras opciones de sanción en el caso de la violación señalada en el artículo 299, y acreditado que el infractor incurrió en los dos supuestos de ley: ser precandidato y no presentar el informe de gastos e ingresos de precampaña, al INE sólo le quedó sancionar a Salgado Macedonio con la cancelación de su registro como candidato. Por lo mismo, y estar claramente acreditada la infracción, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tuvo que ratificar la sentencia del INE, y para no meterse en problemas con el gobierno, regreso el asunto al Instituto con la recomendación de hacer una nueva valoración de la sanción, por considerarla excesiva. Eso sí, sin desechar la posibilidad de insistir en ella.
El INE examinó una vez más el tema, ratificando la sanción considerada en su sentencia. Ahora el TEPJF no podrá patear la pelota fuera de su terreno, otra vez. En caso de impugnación, deberá entrar al fondo del asunto para su resolución final, algo que buscaban evitar, sobre todo algunos magistrados que prefieren la tranquilidad de una lealtad a ciegas con el Ejecutivo, sobre el compromiso que asumieron cuando protestaron su cargo y el respeto a la Constitución.
Todo esto se da en un contexto de malos presagios para la jornada electoral de junio próximo, por un abierto enfrentamiento del gobierno y la 4T en contra del Instituto Nacional Electoral. El presidente de Morena, Mario Delgado, lo quiere “exterminar” y someter a juicio a sus consejeros; el infractor Salgado Macedonio pide su disolución, además de intimidar a los consejeros y amenazar con no permitir la realización de la elección en su estado. El propio jefe del Ejecutivo ha declarando no tener confianza en el Instituto, con todo y que fue este organismo quien calificó la elección de 2018 y ratificó su triunfo electoral, además de expresar su intención de reformar al Instituto una vez pasada la elección de junio, lo que adelanta una sentencia condenatoria sin recurso de apelación.
Para Ripley los dichos de algunos de Morena. Cuando el TEPJF ratificó la sentencia del INE, condenatoria al candidato de Morena y le devolvió el expediente para una nueva valoración de la sanción, Mario Delgado declaró, confundido, quizás, en la euforia de la protesta, “la ley nos dio la razón”, así como que el Tribunal “le había corregido la plana al INE”. Mala interpretación en los dos casos.
Por su parte, Félix Salgado le bajó unas rayitas a su discurso y publicó en su Tweeter que “respetará lo que el Tribunal decida”, claro está de que no le queda de otra y terminó su Tweeter con un incomprensible “Gracias México por tu apoyo”¿? Habría que pedirle a Roy Campos una encuesta para desentrañar ese apoyo.
