Miguel Tirado Rasso
Nuestra emblemática empresa, otrora orgullo nacional, Pemex, atraviesa por lo que podríamos considerar como el peor momento de su historia o, al menos, el más dramático, y mire usted que a lo largo de su existencia, no la ha tenido nada fácil. Creada por decreto del Presidente Lázaro Cárdenas, publicado el 20 de julio de 1938, Petróleos Mexicanos, ha sufrido toda clase de transformaciones en estructura, organización, status jurídico, propósitos, objetivos, etc. Todos, suponemos, con la mejor intención de facilitarle su operación y lograr mayor eficiencia y productividad.
Cambios y adecuaciones que no, necesariamente, cumplieron su objetivo, porque parecieran haberse hecho, algunos, atendiendo mas, a razones políticas, a circunstancias de coyuntura, a improvisaciones y, hasta motivos inconfesables, que a las recomendaciones de expertos, especialistas, técnicos o profesionales del tema. Y es que, desde su fundación, la empresa quedó con un sino político y una carga ideológica, de las que no se puede desprender, ni hay quien se atreva a hacerlo sin correr el riesgo de ser considerado, casi, como traidor a la patria. Porque el petróleo es nuestro, aunque se nos esté acabando sin que sus dueños originarios, o sea, el pueblo de México, haya disfrutado de sus ganancias.
Decíamos que con el ánimo, seguramente, de hacer más eficiente su operación, Pemex ha tenido varias reformas en su Ley Orgánica. Aquí, algunas de las más importantes. En 1971 ( DOF, febrero 6), se le dio vida jurídica como Organismo Público Descentralizado. En 1992 ( DOF, julio 13), se reforma su Ley, para darle una nueva estructura con la creación de 4 “organismos descentralizados de carácter técnico, industrial y comercial” (Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica).
En 2008 (DOF, noviembre 28), se autoriza la incorporación de 4 consejeros profesionales, a su consejo de administración, propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Y, en 2014 (DOF, agosto 11), como consecuencia de la Reforma Energética de 2013, promovida por el gobierno pasado, Pemex deja de ser un organismo paraestatal para
convertirse en una Empresa Productiva del Estado (EPE), con autonomía, técnica, operativa y de gestión. Quedaba así, se dijo entonces, liberada de la atadura burocrática de las secretarías de Hacienda y Energía, con una estructura auténticamente empresarial, en la que el Estado no participa en su administración, pero sin perder el control y la propiedad del organismo. El entonces, ya no tan poderoso sindicato (STPRM), salió del Consejo de Administración, que quedó integrado por 10 consejeros, cinco servidores públicos y cinco consejeros independientes.
Y, bueno, que para cuando se suponía que se iban a ver los resultados de la transformación de Pemex, la más profunda que se haya hecho, con la modalidad de apertura al capital privado en el delicado y espinoso campo de los hidrocarburos, histórica y políticamente reservado, en exclusiva, al Estado mexicano, todo se derrumbó. Pues, mientras se reorientaba, una vez más, el rumbo de Pemex para “rescatarlo” de su privatización y regresarlo al control y explotación estatal, causas externas, conflicto entre gigantes por intereses más allá de nuestro horizonte y el surgimiento de una pandemia violenta y aguerrida, golpearon severamente a la industria del petróleo a nivel mundial, a la que colocaron en situación de crisis, con su consecuente impacto en nuestro escenario nacional.
La sobre oferta, generada por la voracidad de algunos productores, la caída del consumo, ante medidas de mitigación recomendadas para enfrentar la propagación del Covid-19 que supone inacción e inmovilización generalizada de la industria, el comercio y el sector servicios y una limitada capacidad para el almacenaje de excedentes, constituyeron el coctel perfecto para el desplome de los precios del petróleo hasta niveles históricamente insospechados.
Y, si para los poderosos de esta industria, el golpe ha sido severo con grandes pérdidas, para los que no lo son tanto, fue devastador. En nuestro caso, la recuperación de Pemex por el Estado, haciendo a un lado al capital privado, no parece ser el momento más oportuno. Los costos de producción, resultan más elevados que los precios de venta del producto. Aumentar la explotación de pozos, en tiempos de sobre oferta, tampoco se ve muy recomendable por la falta de mercado y de espacios para almacenar reservas para un futuro mejor. Los riesgos son altos, las pérdidas cuantiosas y los recursos del Estado no sobran. Una tarea pesada y casi imposible, si no se comparten riesgos e inversiones con otros capitales.
Por lo pronto, Pemex y su mega deuda de mas de 103 mil millones de dólares, navega en aguas turbulentas. Sus auditores externos anotan en su informe del primer trimestre del año, una duda sustancial en cuanto a su capacidad de continuar como una empresa viable. En ese trimestre, registró pérdidas por 562.2 mmp, además de que las calificadoras Moody ́s y Fitch, recortaron la calificación de Pemex colocándola en grado especulativo, sin grado de inversión, lo que implica mayor costo de financiamiento. En refinación la empresa perdió 12.3 mmp, debido, en parte, a la ineficiencia de sus refinerías.
La calificadora HR Ratings hace una sombría proyección de nuestra empresa petrolera para lo que resta del año. Un desplome en sus ingresos de 42.4 por ciento, caída en sus ventas internas y externas de 43.3 por ciento, y una expectativa de déficit presupuestario sobre 156 mmp. Más del doble del proyectado por Hacienda.
Nuestro Pemex se hunde y no hay recursos suficientes del Estado para sacarla a flote. ¿Será que se pueda hacer a un lado la política y, por el bien de la empresa y del país, se apliquen remedios estrictamente económicos?
