Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Convertidos ahora en promotores del voto,
a “las corcholatas” les cayó como
como anillo al dedo el proceso electoral del
próximo 5 de junio, para su autopromoción.
Era inevitable. Cuando en julio del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió, dar el banderazo de arranque al juego especulativo para la sucesión presidencial apuntando a varios de sus colaboradores (6) como posibles aspirantes a la candidatura presidencial, corcholatas las denominó él, cuando ni siquiera había transcurrido la mitad del período de su mandato, se comentó que este distractor podría impactar negativamente en la gobernanza y en el desempeño de las funciones de los “favorecidos” por el dedo elector.
Hasta la fecha no es posible apreciar las ventajas de haber acelerado, con tanta anticipación, la inquietud política de los servidores públicos en la competencia por el máximo cargo de elección popular. Sí, en cambio, podemos ver aspectos no muy positivos en la atención que estos personajes están prestando a las responsabilidades de los cargos para los que fueron nombrados y por los que perciben un salario y prestaciones, con cargo a nuestros impuestos.
Y es que, a partir de que se hizo público el nombramiento de los competidores oficiales a la carrera presidencial, por parte del partido en el poder, dos de los seis mencionados y uno más que rápidamente se coló en el exclusivo club, por el paisanaje, la amistad, la cercanía y el cargo que vino a ocupar en agosto del año pasado, se han mostrado, cada vez, más preocupados por su futuro político que por el cumplimiento de sus funciones del presente. Para colmo, a estos personajes se les ha autorizado, tácitamente, recorrer el país para hacer “no campaña”, lo que los aleja, todavía más, del ámbito de sus obligaciones laborables.
Convertidos ahora en promotores del voto, a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum y a los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, les cayó como anillo al dedo el proceso electoral del próximo 5 de junio, en el que se renovará la gubernatura en seis estados del país (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas). Y es que, con el pretexto de “reforzar” las campañas de los candidatos a gobernador de su partido, se hacen presentes en los mítines de campaña, atendiendo al llamado que les hiciera el presidente de Morena, Mario Delgado, según su propia afirmación, obviamente con la autorización del primer morenista de la Nación.
La realidad es que estos funcionarios, poco o nada pueden contribuir para sumar votos a la causa de sus correligionarios. Los candidatos tendrán éxito o fracasarán en su aspiración gubernamental, por el trabajo de sus equipos de campaña, su trayectoria o sus méritos, independientemente de la asistencia de los funcionarios federales. En cambio, para las llamadas corcholatas, estas giras resultan una inmejorable oportunidad para auto promoverse, hacer proselitismo encubierto, mostrar su mejor perfil, dar cuenta de sus aspiraciones políticas y para que sus estrategas políticos organicen manifestaciones de apoyo “espontáneas”, programen entrevistas con medios y difundan sus declaraciones Urbi et Orbi.
No obstante que no existe la menor duda de la intención proselitista y de auto promoción de estos actos mega anticipados de campaña, montados en los procesos electorales de estos 6 estados de la República, a los aspirantes presidenciales no se les podría acusar de incurrir en el supuesto de actos anticipados de campaña, infracción que se sanciona con la negativa de registro del precandidato infractor (Art. 226 LGIPE).
Y es que, el legislador nunca imaginó un futurismo político tan madrugador, lo que da ventaja a quien lo aprovecha y, si es con la venia oficial, ni quién los detenga. Por otra parte, la ley resulta muy complaciente, pues basta con que el aspirante no haga “llamados expresos al voto” o solicite apoyo para contender por alguna candidatura (Art. 3, LGIPE), para quedar curado de cualquier responsabilidad infractora, aunque en lo oscurito se haga proselitismo azuzando a las masas al grito de “pre-si-denta o pre-si-dente”, según el caso.
Está clara la necesidad de reformar la legislación electoral que, para la nueva realidad de la 4T, resulta hasta ingenua, pues lo que ahora estamos presenciando con las giras de las corcholatas, es una burla a la ley. La Constitución establece la prohibición a los servidores públicos de “influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos” (Art. 134). Letra muerta para Morena, encarrerada ya en la promoción de sus aspirantes presidenciales. Suponer que, con pedir licencia sin goce de sueldo, solicitar se les descuente el día, o que la auto promoción se haga los fines de semana, se queda a salvo de la prohibición constitucional, es mandar al carajo al Estado de derecho y, esto, es un mal presagio.
