Miguel Tirado Rasso
Como nunca antes que yo recuerde, la violencia se ha hecho presente en el proceso electoral. Los ataques a alcaldes, regidores o síndicos en funciones o candidatos a serlo, principalmente, pero también a candidatos a diputaciones locales se han multiplicado de manera alarmante. Eso sin contar los casos de algunos candidatos al congreso federal, que igual han sufrido atentados.
Según datos de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (ALMAC), de 2006 a 2016, han sido asesinados 84 alcaldes, ex alcaldes o regidores en nuestro país. Esta cifra varía, según la Asociación Nacional de Alcaldes, que coloca la cifra en 79 víctimas. Los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Veracruz son las entidades con el mayor número de asesinatos con 14, 13, 9 y 8, respectivamente.
Según los registros de la ALMAC, casi todos los partidos políticos han sufrido decesos, aunque ha sido el partido gobernante, el PRI, el más afectado con 34 alcaldes victimados, seguido por el PAN con 18 y el PRD con 17. Ni Morena se ha escapado de sufrir ataques que, de acuerdo a estos datos, tiene en su haber un alcalde asesinado.
Pero si bien, las cifras anteriores se refieren a tiempos anteriores al inicio del proceso electoral, que arrancó en septiembre del año pasado, permiten ver el ambiente enrarecido en el que hemos vivido en los últimos años con una creciente violencia, ensañada contra servidores públicos, que se ha salido de control, contaminando ahora el período electoral, con ataques mortales a aspirantes a cargos de elección popular.
Con el asesinato del candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto en Guanajuato, el viernes de la semana pasada, suman 19 los precandidatos y candidatos a diferentes cargos de elección popular asesinados. En una escalada alarmante, sólo del 4 al 11 de mayo pasado, fueron asesinados 4 aspirantes, en los estados de México, Chihuahua, Guerrero y Guanajuato. Y en esto, la mayoría de los partidos políticos ha sufrido bajas. El PRI y el PRD, con 5 victimados cada uno; el PAN y Morena, con tres cada uno, y el partido Verde, Movimiento Ciudadano y la Coalición Por México al Frente, con uno en cada caso. Guerrero es el estado con más aspirantes agredidos, con seis de los19 casos registrados.
Ante semejante escenario, no es de extrañar la noticia de que alrededor de mil candidatos a cargos públicos, federales y locales, se hayan bajado de la contienda electoral por diversas razones, una de ellas, por miedo al crimen organizado.
En términos generales, la práctica de sustitución de candidatos no es algo inusual. Por estrategia, presiones o intereses, los partidos políticos suelen hacer ajustes a sus listas que, en muchos casos por precipitación ante el vencimiento del término para registrar sus listas, incluyen nombres provisionales que más tarde habrán de sustituir por los definitivos. Pero quizás ahora, el número de los casos en los que la renuncia sea por falta de seguridad, ante la amenaza desatada por el crimen organizado, superen por mucho a los de otros años.
La entidad que registra el mayor número de sustituciones es Oaxaca con 306, le siguen el Estado de México con 225 y Chihuahua, en tercer lugar, con 80 cambios. En Guerrero son sólo 24 casos de sustitución, aunque aquí más que por estrategia de sus partidos, la causa común es por temor a las organizaciones criminales. Lo mismo podríamos decir de los casos de Oaxaca y Chihuahua, si nos atenemos a los índices de violencia contra autoridades registrados, en estas tres entidades, en los últimos años.
Por lo pronto, lo que se ve es que este clima de violencia en el ambiente electoral tiene su raíz en el crimen organizado que ha ido infiltrándose cada vez más en las esferas gubernamentales a través de personajes propios, que ellos mismos promueven, o que cooptan mediante contubernios inconfesables o amenazas (plata o plomo), para asegurar la impunidad en sus actividades delictivas.
El nulo control que ejercen los partidos políticos en la selección de sus candidatos, hace posible la infiltración de sujetos indeseables que llegan a ocupar importantes posiciones políticas. En ocasiones, sin embargo, estas postulaciones no son tan inocentes, porque resulta que, dado el control que ejerce los capos del crimen en algunas plazas, esto le puede significar a un partido sin escrúpulos el triunfo electoral que es su objetivo principal, sin importar cómo lo consigue, aunque después se llegue a arrepentir y se haga el sorprendido, cuando quede claro a qué intereses responde su postulado y con quién está comprometido.
Hasta el momento, no hay constancia de que estos atentados deriven del calor de la contienda electoral, no obstante el lenguaje agresivo que en ocasiones domina en los actos de campaña, por lo que no estaría por demás que los candidatos midan sus palabras y cuiden sus mensajes ante el riesgo de que el apoyo de sus huestes pueda derivar en acciones violentas.
Por eso, cobra importancia la condena del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, a las agresiones a candidatos y su exhortación a los actores políticos para que “el contraste y el debate no se conviertan en encono, división y mucho menos en incitación a la violencia contra partidos, candidatos o instituciones… y (se tenga) un diálogo directo, incluyente, respetuoso…que contribuya a que prevalezca en este proceso electoral la certidumbre, la civilidad, el respeto y la concordia…”
Ojalá que el llamado del funcionario tenga buena recepción entre todos los candidatos presidenciales, sus equipos y simpatizantes. En particular en quién gusta polarizar, dividir y enfrentar al “pueblo bueno,” que es el que lo apoya, contra las mafias y corruptos, que son todos los que no están con él, según su dicho.
