Miguel Tirado Rasso
Inevitable tocar el tema del peligro de las mayorías avasalladoras, ante lo visto en las últimas semanas en el Congreso General y en varios congresos estatales, en donde el partido en el poder, Morena, ha hecho gala del peso de sus mayorías para el logro de objetivos políticos, no necesariamente para beneficio del país. Si bien, en algunos casos, como en el de las cámaras de senadores y diputados federales, fracasaron en el intento, en otros, han resultado exitosos, a contracorriente de una oposición que no acaba por ubicarse.
Finalmente, el sainete de la Cámara de Senadores resultó el menos escandaloso, a pesar del berrinche del ex presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, quien, en su afán por permanecer en el cargo, no dudó en buscar el amparo de la dirigencia de su partido, a través de la Comisión de Honor y Justicia, para descalificar la decisión que la mayoría de sus colegas morenistas habían acordado y que no le favorecía. Tarde se dio cuenta el senador Batres que la suya era una lucha perdida, que sólo evidenció su inmadurez política.
Pero la epidemia reeleccionista se había extendido ya hasta la llamada cámara baja. Sólo que, en ésta, a diferencia del Senado, existe una disposición en la Ley Orgánica del Congreso que obliga a que, en el segundo y tercer período de sesiones, la presidencia de la Mesa Directiva sea ocupada, en orden decreciente, por un integrante de los grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido, lo que significaba un endoso para el PAN, en su calidad de segunda fuerza política. Además de que, en septiembre del año pasado, se había firmado un acuerdo político entre los coordinadores parlamentarios, en este sentido.
En este contexto, y a pesar de las muy claras señales enviadas desde Palacio Nacional contra los ambiciosos vulgares, los morenos buscaron refugiarse en su avasalladora mayoría parlamentaria para ignorar la ley, desconocer el compromiso político, desentenderse del mensaje presidencial y proponer una reforma que garantizara su permanencia en la presidencia de la mesa directiva en los tres períodos de sesiones de la presente Legislatura. Fue necesario que ya sabes quien fuera más enfático y directo para acabar con los ánimos porfirianos, que desistieran de su ambición de poder, al menos un poco, y aceptaran acatar la ley. El mensaje del Presidente no dejaba duda de su molestia: “Un partido porque tiene mayoría, no puede aprovechar para modificar una ley en beneficio personal, beneficio de grupo, en beneficio de una fracción. Eso es un retroceso. Yo celebro que esto se haya resuelto bien. Yo no voy a meterme, pero era una vergüenza”
Y qué bueno que la línea de Palacio, sea en el sentido de respetar la ley, buscar acuerdos políticos y no utilizar el peso de las mayorías para arrollar e imponer su dominio. Pero, se ve que en ese terreno las señales no están muy claras o no llegan a los congresos locales y se están dando casos en los que, sin mayor miramiento, se tuercen las leyes, retornando a los tiempos del partido aplanadora. Esas épocas, contra las que muchos de los ahora morenistas lucharon por el cambio.
Tenemos varios ejemplos de esto, entre los que sobresale el de la pretendida ampliación del período de gobierno en Baja California con la Ley Bonilla, que el congreso local, de mayoría absoluta morenista, o casi, ahora busca darle la vuelta ante la evidente inconstitucionalidad de la ley, vía una ilegal consulta popular que justifique la triquiñuela de prolongar a cinco años, lo que la población votó para un plazo de dos años.
En Veracruz, también amparados en su mayoría, la Comisión Permanente del Congreso suspendió, temporalmente, al Fiscal, violando los procedimientos establecidos por la ley para su remoción, que es a través de un juicio político, lo que ya habían intentado anteriormente, sin éxito. En Tabasco, la mayoría morenista aprobó la llamada Ley del Garrote, que sanciona con cárcel a quien se oponga a la ejecución de obras públicas. En Chihuahua, se retrasaron las actividades legislativas ante la inconformidad del grupo parlamentario de Morena al no lograr los votos necesarios para presidir la Mesa Directiva.
En Quintana Roo, los morenistas se agandallaron la Presidencia de la Mesa Directiva, aplicando una ley derogada. En Sinaloa, su bancada aplazó hasta 2024 el recorte de diputados locales programado para 2021, ignorando un decreto de mayo de 2017. En Baja California Sur, los legisladores de este partido aprobaron la creación de un órgano de control y evaluación de la Auditoría Superior del Estado que duplica las funciones de la Contraloría Interna del Congreso local. Y qué decir de su intento en el Senado de reducir el período de los actuales magistrados electorales, con un claro objetivo de control del Tribunal Electoral.
El Presidente tendrá que estar muy alerta a los excesos y abusos de sus correligionarios, que, embriagados por la popularidad de su jefe, no ponen límite a su ambición de poder y se están acostumbrando a ignorar las leyes que les incomodan o que ponen trabas a sus ilegalidades, legislando con dedicatoria a través de la expedición de leyes a modo.
Aunque el Jefe del Ejecutivo no se quiera meter, ante los ejemplos vistos, tendrá que hacerlo, porque lo que está en riesgo es el estado de derecho, si no hay respeto al orden jurídico.
