Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Ya para terminar el cuarto año de gobierno,
a la 4T le entraron las prisas por sacar
la última de sus reformas constitucionales
anunciadas, la electoral, que eliminaba
al Instituto Nacional Electoral y
modificaba las reglas del juego.
El año que concluye fue agitado. Como se preveía, y al estilo de gobierno de la 4T, la política predominó, por mucho, sobre la administración. Las ansiadas reformas constitucionales de Palacio sobre la Ley de la Industria Eléctrica, la Guardia Nacional y la Electoral, se debatirían en condiciones diferentes. A partir de que Morena perdiera la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la aprobación de las reformas constitucionales se dificultó al obligar al partido en el gobierno a cabildear con las oposiciones para conseguir sus votos. Tanto en la Cámara Baja, como en el Senado.
Habría que señalar que, por la instrucción girada desde Palacio
de que a sus iniciativas de ley no se les podía modificar ni una coma, el tema de parlamentos abiertos para el estudio y análisis de las propuestas de reforma con la participación de investigadores, especialistas, académicos, representantes de la industria, etc. resultaba un ejercicio inútil.
Y así fue. En el caso de la reforma en materia eléctrica, hubo Parlamento Abierto que sesionó en 19 foros durante un mes. Pero de lo que ahí se dijo, nada mereció ser considerado por los legisladores de Morena para ser incluido en la propuesta presidencial. La iniciativa, al final de cuentas, se presentó para su votación sin ningún cambio y así le fue. La reforma no pasó.
Para las otras dos reformas, la bancada de Morena debió haber recibido señales de no perder más el tiempo con parlamentos abiertos y acelerar los procesos legislativos para su aprobación. En la de la Guardia Nacional, que prolonga su permanencia en labores de seguridad pública hasta 2028, se contó con la complicidad del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, que, más que por cabildeo legislativo, fue el secretario de Gobernación quien lo “convenció” con otras razones para que apoyara la reforma, con excelentes resultados.
Alito no sólo apoyó la reforma, sino que su partido presentó una
propuesta que salvó a la iniciativa presidencial. Hasta aquí el
marcador era de empate: una reforma negada y otra aprobada.
Ya para terminar el cuarto año de gobierno, a la 4T le entraron las prisas por sacar la última de sus reformas constitucionales, la electoral, que eliminaba al Instituto Nacional Electoral y modificaba las reglas del juego. Y es que, de acuerdo a la legislación actual, el proceso electoral de 2024 inicia en septiembre de 2023, y cualquier modificación a las leyes de la materia deberá estar aprobada 90 días antes. Esto es, en el mes de mayo.
Ante este panorama, y con el antecedente del doblez del dirigente priista, Palacio Nacional se animó a enviar su propuesta de reforma constitucional a la Cámara de Diputados en donde suponían tendría menos problemas para su aprobación. Las cosas no resultaron fáciles, la oposición no se fracturó, los votos esquiroles no aparecieron y Morena no alcanzó la votación requerida por la ley.
La reforma constitucional no pasó. Y es que hubo fuerte presión de la sociedad civil, que no le pareció necesaria ni conveniente
una reforma electoral a solo unos meses del inicio del proceso electoral que incluye la renovación del Ejecutivo; que es promovida desde el gobierno y no por fuerzas políticas de oposición, como es el antecedente en todas las reformas electorales anteriores; cuando la autoridad electoral ha dado muestras de eficiencia y profesionalismo en el desempeño de sus funciones; cuando no ha existido queja seria o denuncias de fraude electoral en los comicios realizados en lo que va del milenio, y cuando, por primera vez en su historia moderna, en nuestro país se ha dado la alternancia en el poder en tres ocasiones, de manera pacífica.
Pero el titular del Ejecutivo, no aceptó su derrota, porque el objetivo es acabar con el INE, disminuyéndole estructura, presupuesto y funciones. Si no pudo eliminarlo del todo con una reforma constitucional, lo habría de intentar con un Plan B, así lo denominó el propio Ejecutivo, a través de reformas a leyes secundarias que limitarían la operación del Instituto, impidiéndole un buen desempeño por falta de personal suficiente, con recursos presupuestarios recortados y funciones disminuidas.
Este Plan B, recuerda el caso de la reforma eléctrica en la que, una
ley secundaria, la Ley de la Industria Eléctrica, modificó ordenamientos de la Constitución, pero gracias a una SCJN obsequiosa, no fue declarada inconstitucional, por lo que es obligatoria, aunque pueda ser impugnada por inconstitucional.
El Plan, pues, apuesta a que, no obstante las evidentes violaciones a la Constitución del paquete de reformas aprobadas, la SCJN, para no contrariar la voluntad del Ejecutivo, haga malabarismos para evitar la declaratoria de inconstitucionalidad. Con los votos de 4 ministros que no vean defectos de inconstitucionalidad en las reformas, éstas continuarán vigentes. Eso sí, siempre con posibilidades de ser impugnadas.
También puede suceder que la Corte no quiera volverse a exhibir y simplemente deje pasar el tiempo sin estudiar las impugnaciones del caso. Si en 4 meses, a partir de febrero, que es cuando el Congreso las aprobará, no turnan los juicios de impugnación para su resolución, las reformas quedarán firmes al menos para el proceso electoral de 2024, pues en septiembre ya no se podrán hacer modificaciones a la legislación electoral.
Por lo pronto, un sincero deseo de mucha salud, prosperidad y bienestar para todos nuestros lectores y sus familias, en el año que se aproxima.
