Miguel Tirado Rasso
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Ahora, con motivo de la publicación de la Ley de Educación de Puebla, la semana pasada, el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, vuelve a las primeras planas de los medios de información. Y es que, la reforma educativa, aprobada hace poco mas de un año, con lo que concluyó el sepelio de la tan vituperada “mal llamada” reforma educativa del sexenio pasado, estableció un plazo para que las legislaturas de las entidades federativas adecuaran su marco jurídico al contenido de esta reforma constitucional. Término que venció el pasado15 de mayo.
El compromiso era, pues, ajustar las normas locales, constitución y leyes secundarias, al nuevo enfoque y disposiciones de la Ley General de Educación. Una tarea para los congresos locales que, tras el tsunami electoral de julio 2018, no significa mayor problema, particularmente, en aquéllos en donde la bancada de Morena avasalla con su voto, por ser mayoría.
Todavía más, y para simplificarles su trabajo legislativo, agilizar el proceso y evitar dispersiones interpretativas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) elaboró y envió a los gobiernos estatales una “Propuesta de Ley Marco de Educación para las Entidades Federativas Acuerdo Educativo Nacional”. Una especie de machote al que los legisladores sólo tendrían que agregar el nombre de la entidad federativa correspondiente para dejar lista la armonización.
Éste fue el caso de lo sucedido con el congreso del estado de Puebla. Mientras que en otras entidades se llevaron a cabo foros de consulta para la adecuación jurídica estatal al marco de la reforma constitucional, atendiendo a su circunstancia y, al menos, abriendo la discusión y formulando propuestas, como en el estado de Michoacán, otros se fueron por la vía fácil, acogiéndose, sin mayor trámite, al documento de la SEP, con absoluto menosprecio al respeto de la soberanía estatal.
Muy a la época de copiar y pegar, a la bancada morenista de Puebla se le vino el tiempo encima y, aunque tuvieron un año para realizar consultas y foros para conocer la opinión de la comunidad educativa, despejar dudas,
evitar imprecisiones, mejorar redacción y lograr una mejor norma educativa, prefirieron evitar toda discusión de contenido y aprobar el documento de la SEP al vapor, sin modificaciones, aprovechando el carro completo. En menos de cuatro días recibieron la iniciativa del ejecutivo local y la aprobaron, por mayoría, en fast track.
La pereza de los diputados poblanos, dejó pasar una redacción imprecisa y confusa que se presta a interpretaciones riesgosas que preocupan. En particular generó inquietud el artículo 105 de la ley poblana que establece que los muebles e inmuebles de instituciones particulares “forman parte del Sistema Educativo Estatal.” En defensa de su ley, el gobernador Barbosa señaló que no hay razón para alarmarse, porque ese artículo es una réplica del artículo 99 de la Ley General de Educación, aprobada por el Congreso federal en septiembre del año pasado, lo que es absolutamente cierto. El tema es que, pudiendo mejorar la redacción para evitar confusiones y ambigüedades, sus diputados solo se concretaron levantar el dedo para aprobar algo que, por lo visto, ni siquiera leyeron.
La Ley Federal de Educación de 1973, señalaba en su artículo 19, fracción V, “El Sistema Educativo Nacional contará con los bienes y demás recursos destinados a la educación.” Una redacción menos comprometedora y mas afortunada que la de la ley vigente, si, como ha insistido el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, no hay interés del Estado en adueñarse de las propiedades de las instituciones de educación privadas. En el estado de Puebla, por cierto, existen 3,426 escuelas privadas, de acuerdo con el inventario de la SEP y con 486, es la entidad con mayor número de universidades en el país.
Por lo pronto, y ante la duda y las interpretaciones que puedan hacerse de la ley, las asociaciones de padres de familia y las federaciones de escuelas particulares del estado han expresado su intención de enfrentar judicialmente la Ley de Educación de Puebla al considerar que violenta sus derechos. Este lunes, 63 instituciones educativas privadas interpusieron un amparo en contra de la ley, que implica una expropiación de facto a toda la infraestructura escolar privada, a decir del abogado de estas instituciones.
La falta de diálogo y la negativa a realizar foros de consulta en los que, de manera plural y democrática, se analicen y discutan temas de interés nacional, están provocando que los sectores afectados por decisiones de gobierno, acudan a los tribunales, como recurso de última instancia, para
defender sus derechos y hacer escuchar su voz, con el consecuente desgaste en la relación gobierno y gobernados.
Si tan solo hubiera disposición para escuchar, muchos juicios se evitarían.
