Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Sigilosas y muy sospechosas iniciativas
al vapor que facilitan las cosas a la 4T,
no consensuadas con la fracción priista del Senado
ni con sus aliados de la Coalición Legislativa, PAN y PRD.
Dice la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión (Art. 41). Que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Que no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona (Art.49). Es lo que la doctrina denomina la división de poderes y cuyo propósito es la limitación del poder del Estado. “…para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por disposición de las cosas, el poder detenga al poder.” (El Espíritu de las Leyes, Montesquieu).
Semana de éxitos para la 4T, en la que, una vez más, se hizo evidente la supremacía del Poder Ejecutivo sobre los otros dos Poderes de la Unión, el Legislativo y el Judicial.
En el caso del Poder Judicial, el peso de las mañaneras fue suficiente para que los ministros de la SCJN, rechazaran la inconstitucionalidad de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), que invalidaba la medida cautelar, como venía el proyecto del ministro Luis María Aguilar. Ante la andanada en contra, el ministro ponente habría solicitado posponer la votación para una próxima sesión en donde presentaría un nuevo proyecto. Seguramente más a tono de la 4T. Mientras tanto, el precepto correspondiente a la PPO quedaba tal cual.
Y es que, en una mañanera, el Primer Mandatario habría expresado su decepción de las personas que propuso para la Corte. “Me equivoqué”, habría sido la expresión, pues actúan en función de los mecanismos jurídicos en lugar de apoyar el proyecto de transformación. El comentario logró su cometido y, por lo pronto, la medida cautelar sobrevivió y la Corte no lo defraudó.
Por lo que toca al Legislativo, se trataba de darle la vuelta a una reforma constitucional, para que la Guardia Nacional pasara a depender de la Sedena, a través de una ley secundaria, que, las bancadas de Morena en las Cámaras de Senadores y Diputados, podrían aprobar sin problema, como sucedió.
Por supuesto que esta fórmula resulta inconstitucional, pues una ley secundaria no puede modificar la Constitución. La apuesta fue, sin embargo, sacarla adelante en el Congreso y ya después y en su momento, que sea la Corte la que resuelva sobre su posible inconstitucionalidad. Era el plan B, ante la imposibilidad de Morena de lograr una reforma constitucional por votos insuficientes. Y aquí es cuando la dirigencia priista sale al rescate de la 4T, con la presentación inesperada de una iniciativa de reforma constitucional y la aportación de los correspondientes votos que hacen falta, al menos, de los diputados.
En un déjà vu, cuando en el mes de abril, se debatía la reforma eléctrica, un diputado, Marco Antonio Mendoza, adjunto a la presidencia del CEN del PRI y ex colaborador en el gobierno de Rubén Moreira, para sorpresa de propios y extraños presentó, de la nada, una iniciativa de reforma muy similar a la del presidente López Obrador. La propuesta no tuvo buen fin y fue retirada luego del conflicto que generara hacia el interior del Revolucionario Institucional y por la presión y reclamos del PAN y del PRD, ante la sospecha de que el tricolor hubiera llegado a un acuerdo con Morena.
Unos meses después, se repite la historia y, si antes fue un diputado del equipo de Rubén Moreira, ahora es una diputada cercana a Alejandro Moreno, Yolanda de la Torre, quien, sorprende con una propuesta de reforma constitucional para prolongar la dependencia de la Guardia Nacional a la Sedena por 4 años más. Propuesta superada por otra, también del tricolor, que la extiende un año más, hasta 2029. Sigilosas y muy sospechosas iniciativas al vapor que facilitan las cosas a la 4T, no consensuadas con la fracción priista del Senado ni con sus aliados de la Coalición Legislativa, PAN y PRD.
La propuesta de la diputada de la Torre, resulta una jugada de tres bandas: logra la reforma constitucional tan ansiada por Morena; rompe con la Moratoria constitucional, acordada por el PAN, el PRI y el PRD, y pone en grave riesgo la Alianza va por México. Como “efecto colateral”, sirve al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, de salvoconducto contra ciertas causas penales.
Repentinamente y casi al mismo tiempo que surgieron estas iniciativas, la gobernadora Layda Sansores habría decidido suspender la difusión de más grabaciones de las habladurías del dirigente tricolor. Y, el juicio de desafuero que se empezaba a armar, de manera acelerada, en contra de este personaje para juzgarlo por el delito enriquecimiento ilícito, ahora, declaraba el diputado de Morena, Humberto Pérez Bernabé, se llevaría con calma, cuidado, cautela y respeto a sus derechos humanos.
Coincidencias que el sospechosismo atribuiría a algún acuerdo inconfesable de la dirigencia priista con Morena, pactado en un afectuoso abrazo con el secretario de Gobernación.
Vaya que Moreno y Moreira resultaron ser dos tipos de cuidado y muy poco confiables.
