Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Ahora que el Poder Judicial está en capilla, los
poderes Legislativo y Ejecutivo han mostrado
un cierto relajamiento en el cumplimiento de la ley
y, de plano, una resistencia a acatar
los ordenamientos judiciales.
El proceso para la aplicación de la Reforma al Poder Judicial, está dando lugar a una crisis constitucional inédita en nuestro México contemporáneo, riesgosa, innecesaria e inoportuna. Las prisas no son buenas consejeras, dice una frase proverbial y, el caso de esta reforma, da crédito a la sabiduría popular. Para darle gusto al capricho del Ejecutivo saliente, los legisladores de Morena se precipitaron para aprobar esta reforma vía fast track, de manera atropellada, sin debates, diálogos o análisis, no fuera a ser que surgieran cuestionamientos que obligaran a discutir la iniciativa y retrasaran su aprobación.
A decir del, en ese momento, presidente de Morena, Mario Delgado, se quería entregar, al entonces presidente López Obrador, la reforma aprobada como regalo, antes de que concluyera su mandato. Y esta reforma, de gran calado, que plantea un cambio trascedente e histórico como es la desaparición del Poder Judicial actual, debió haber contado con tiempo suficiente para su estudio, análisis y debate profundo, en cambio, se decidió aprobarla al vapor y en tiempo récord. Fue la ofrenda de despedida de los obsequiosos legisladores morenistas, consistente en la demolición de uno de los poderes de la Unión, un golpe mortal a la división de poderes y el despido de miles de trabajadores.
En este contexto, hay una errónea interpretación que está agudizando el desencuentro entre los poderes Ejecutivo y Judicial, al darle preeminencia al primero sobre el segundo. Constitucionalmente los tres Poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, son autónomos e independientes y tienen el mismo nivel jerárquico. Así lo dispone la Constitución en su artículo 49 cuando señala que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
El tema es que, en un sistema presidencialista como el nuestro, el poder que destaca es el Ejecutivo, el que ejerce la gobernanza, con tendencia, siempre, o casi, a avasallar a los otros dos. En tiempos de la 4T, como sucedió en otras épocas, el Legislativo se ha plegado a las órdenes, decisiones e instrucciones del Ejecutivo, renunciando a su autonomía. Desde el pasado gobierno, los legisladores de Morena y sus aliados, convirtieron el Congreso en la oficialía de partes de las iniciativas de Palacio Nacional a las que, sin modificarles una coma, les dan trámite para su aprobación. Al parecer, esta práctica continuará sin alteraciones.
En un ambiente tan controlado, la posibilidad de que, en ejercicio de sus funciones, haya jueces del Poder Judicial que emitan resoluciones contrarias a los intereses del Ejecutivo, no es bien visto ni aceptado y, acostumbrado a imponer su voluntad, este poder confunde el imperio de la ley con una ofensa a la investidura presidencial. Habría que insistir que, en un Estado de Derecho, lo más importante es el respeto y el acatamiento a las leyes.
Ahora que el Poder Judicial está en capilla, los poderes Legislativo y Ejecutivo, han mostrado un cierto relajamiento en el cumplimiento de la ley y, de plano, una resistencia a acatar los ordenamientos judiciales. La circunstancia de que la Reforma Judicial plantee la renovación total de los jueces, magistrados y ministros, no significa que, en tanto esto suceda, quienes ocupan estos cargos no tengan ya autoridad ni competencia como juzgadores. Sus sentencias tienen toda la fuerza de la ley y son obligatorias.
La titular del gobierno no puede pausar al Poder Judicial y tiene que ser la primera en cumplir con las normas legales y las resoluciones judiciales, aunque no sean de su agrado, porque a eso se comprometió cuando asumió el cargo. La protesta de ley a que están obligados los funcionarios cuando asumen un cargo público, incluida la jefa del Ejecutivo, no es una mera formalidad. Es un acto solemne por el que se compromete a “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen…y si no lo hiciere que la Nación me lo demande” (Art 87 Const.).
Por eso, no se entiende que los asesores jurídicos de la Presidencia, mal aconsejen a la Mandataria y la expongan con afirmaciones que no le corresponde hacer. Es el caso de la orden, emitida por la jueza de Distrito, Nancy Juárez, de eliminar la publicación del decreto de Reforma del Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación, que califica de ocurrencia, sin sustento jurídico y que no va cumplir. Para remate, amenaza con denunciar a la jueza ante al Consejo de la Judicatura.
En vez de declarar que no acatará la orden judicial de la jueza, que, en sí, es un mal mensaje para quienes esperan de la Presidenta de la República respeto al Estado de Derecho, la Dra. Sheinbaum debiera recurrir a las vías jurídicas que le permiten defender su posición en este diferendo que seguramente acabará ganando. Lo importante es evitar una crisis que ponga en riesgo el orden constitucional. La decisión de incumplir una orden de un juez, por parte de la figura política de más alto rango del país, es una invitación para que otros sujetos de derecho la imiten y se cree un caos.
