Miguel Tirado Rasso
Para desgracia nuestra, casos de corrupción extrema como la del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, no son la excepción en nuestra historia política. En los últimos años, las denuncias e investigaciones sobre enriquecimiento ilícito, desvíos de fondos públicos, peculado, delincuencia organizada y otros delitos relacionados con el abuso del poder, en el que los involucrados son ex gobernadores y, en ocasiones, hasta gobernadores en funciones, se han multiplicado. Y si bien, la alternancia ha permitido destapar cloacas, los procesos sancionadores no han logrado alcanzar la eficiencia deseada, porque, en eso sí, las condenas son la excepción y la regla, las absoluciones.
Y es que, ya sea por maniobras legales, aprovechando lagunas de la ley o interpretaciones de las normas a modo, o por otras razones menos transparentes, el tema es que en el detalle del debido proceso pareciera que la impunidad gana terreno, porque la comprobación de cargos no es algo sencillo, la presunción de inocencia lleva mano y quien comete los ilícitos procura siempre borrar sus huellas.
Los intentos por combatir la corrupción han sido múltiples y los resultados escasos. Instituciones van y vienen, por leyes anticorrupción no paramos, se han modernizado los órganos de control interno y fortalecido la fiscalización superior dotándola de cierta autonomía. El Sistema Nacional Anticorrupción crea buenas expectativas y la idea de un fiscal autónomo prende el optimismo, sólo que quienes deben nombrarlo, nuestros legisladores, no se logran poner de acuerdo, el nombramiento se difiere, el tiempo sigue transcurriendo y el SNA continúa sin poder entrar en operación.
En el informe que el responsable de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), rindió ante la Cámara de Diputados sobre la revisión de la Cuenta Pública de 2015, se encontraron irregularidades y opacidad en gastos por más de 165 mil millones de pesos, lo que el auditor calificó como “un presunto daño al erario federal”. De esta cantidad, poco más de 65 mil millones corresponden a anomalías en los estados de la República. Y para rematar, las irregularidades en los gastos van de mal en peor, pues este posible desfalco es mayor en 55.2 por ciento al que la ASF reportó en la Cuenta Pública 2014.
Total que, aunque el órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales (ASF) cumple puntualmente su función haciendo las observaciones sobre los desvíos e irregularidades, si las autoridades responsables no aclaran ni justifican el manejo de los recursos públicos y no se les sanciona, cuando concluyen su función simplemente se retiran a disfrutar tranquilamente los ahorros personales logrados con cargo al erario federal.
Y es que en casi todos los casos en que ha habido voluntad de exigir cuentas, se actúa cuando el gobernador concluyó ya su gestión, y no cuando todavía está en el poder, a pesar de que haya evidencias de malos manejos, como fue el caso del ex gobernador veracruzano, en donde era vox populi que este funcionario y su equipo de colaboradores estaban cometiendo toda clase de tropelías.
Pero Javier Duarte es solo uno de los muchos malos gobernantes que han padecido varias entidades de nuestro país y que tienen pendientes con la justicia.
Van otros ejemplos con algunos de los cargos que se les imputan: Luis Armando Reynoso, ex de Aguascalientes, acusado de peculado y uso indebido del ejercicio público; Mario Anguiano, ex de Colima, desvío de más de 2 mil millones de pesos; Jorge Herrera, ex de Durango, quebranto financiero de casi 15 mil millones de pesos; Rubén Borge, ex de Quintana Roo, desfalco y el remate del 10 por ciento de la reserva territorial del estado; César Duarte, ex de Chihuahua, delitos electorales y peculado; Rodrigo Medina, ex de Nuevo León, desvío de recursos por más de 3500 millones de pesos y abuso de poder; Guillermo Padrés, ex de Sonora, defraudación fiscal equiparada y delincuencia organizada; Miguel Alonso, ex de Zacatecas, enriquecimiento ilícito y peculado; Narciso Agúndez, ex de Baja California Sur, peculado y abuso de autoridad; Humberto Moreira, ex de Coahuila, lavado de dinero y red de corrupción; Rafael Moreno Valle, ex de Puebla, enriquecimiento ilícito y ocultamiento de deuda pública; Miguel Márquez, actual de Guanajuato, enriquecimiento ilícito y ocultamiento de deuda pública; Francisco Vega, actual de Baja California, enriquecimiento ilícito y ocultamiento de deuda pública.
Además de Mario Villanueva, ex de Quintana Roo; Tomás Yarrington y Eugenio Hernández ambos ex de Tamaulipas, con denuncias, los tres, en tribunales norteamericanos. Y Andrés Granier, ex de Tabasco y Jesús Reyna, ex de Michoacán, ambos sentenciados.
La lista es larga. Puede haber casos, sin embargo, en los que las imputaciones tengan más fondo político que responsabilidades legales, pero ante el peso de la corrupción que carga nuestro país, más valdría revisar los bolsillos de todos, para no llevarnos más desagradables sorpresas.
