Luis Carlos Rodríguez González
El 2019 inició con malos augurios para el fenómeno migratorio en Centroamérica, México y obviamente el destino final Estados Unidos. Esta semana Donald Trump estará en la frontera con México, previsiblemente en McAllen, Texas.
Ahí insistirá en la construcción del muro fronterizo, de metal, de cemento, de lo que sea, con tal continuar con su eje rector de su discurso contra los migrantes. Tratará de azuzar y polarizar aún más a los ciudadanos estadunidenses en contra de los mexicanos y centroamericanos.
En Tijuana, epicentro del éxodo migrante, la situación cada vez se agrava más a pesar del discurso optimista de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de que en la primera semana de actual gobierno se resolvió la “crisis migratoria” que se vive esa ciudad fronteriza.
Días después sus dichos asesinaron en Tijuana a dos migrantes hondureños, menores de edad. Uno más, también menor, sobrevivió al ataque del cual fueron víctimas de delincuentes que los intentaban asaltar. Fue un asunto de delincuencia común, pero lo grave hablar anticipada y optimistamente cuando no hay protección suficiente ni para los niños migrantes.
En este contexto de polarización y criminalización de los migrantes, al alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, caricatura de Donald Trump, un juez federal le ordenó abstenerse de hacer declaraciones públicas que transmitan un mensaje negativo en contra de los migrantes centroamericanos que se encuentran en aquella ciudad.
Los migrantes centroamericanos que se encuentran en el albergue “El Barretal” de Tijuana, relata en sus crónicas el periodista Atahualpa Garibay, a más de 100 días de haber iniciado este periplo migratorio saben que a pesar de estar a unos metros de la frontera con Estados Unidos, su futuro es incierto, muy difícil, sin dinero, por el recrudecimiento de la vigilancia fronteriza y el discurso de odio hacia ellos por parte de Donald Trump.
Otras víctimas de esta crisis que apenas inicia, que no se ha solucionado en 15 minutos, son los dos menores centroamericanos que cruzaron por la frontera de México, que fueron separados de sus padres por la Patrulla Fronteriza y que murieron por una presunta negligencia médica en centros de detención en Estados Unidos.
A respecto, una investigación de NBC News reveló que en los últimos dos años, el periodo en que Donald Trump ha sido presidente, 22 inmigrantes, de nacionalidades mexicana, centroamericanos y hasta vietnamitas han muerto en de centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). De ellos, algunos eran menores de edad. Incluso unos eran residentes legales que llegaron como refugiados o estudiantes, otros eran solicitantes de asilo.
En este contexto, se avizoran nuevas caravanas de centroamericanos hacia México que buscan el llamado “sueño americano”. Algunos dicen que están financiados por el propio gobierno de Donald Trump para con ello presionar a los demócratas en la Cámara de Representantes a que aprueben recursos para la construcción del muro.
El nuevo gobierno mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador tiene enfrente un reto mayúsculo. Debe pasar de ser el policía fronterizo en que convirtió Enrique Peña Nieto al Instituto Nacional de Migración y a las fuerzas federales a una instancia de privilegie la protección de los derechos humanos de los centroamericanos.
O como advirtió el ex director de La Jornada, Carlos Payán, cuando en diciembre pasado, frente a López Obrador, recibió la Medalla “Belisario Domínguez” y puso que ejemplo de Turquía, que se ha convertido en el gendarme de las fronteras de Europa e impide que los inmigrantes pasen al otro lado. “No debemos permitir que México cumpla ese ruin papel con Estados Unidos”.
