Luis Carlos Rodríguez González
La desaparición o robo de menores, incluidos migrantes, la trata de personas con fines de tráfico, explotación sexual, laboral, entre otros delitos, es una realidad en la Ciudad de México que hasta hace algunos meses fue catalogada y presumida por Miguel Angel Mancera como “Ciudad Santuario” para los migrantes.
El reciente caso de tres menores migrantes desaparecidos en diferentes días, pero en la misma calle -Constantino- de la Colonia Vallejo, en la Delegación Gustavo A. Madero, evidencia que las redes y bandas que trafican con niños y adolescentes tienen total impunidad para operar sin que nadie los moleste, los investigue y mucho menos los detenga en la Ciudad de México.
La nota aparecida en algunos medios expone la muy grave situación de inseguridad, violencia e impunidad en la capital del país. No son casos aislados. A diario en las paredes de mercados, de las estaciones de El Metro, en las oficinas del Ministerio Público, aparecen las fichas de niñas, niños, adolescentes, jovencitas que salieron a la escuela, al trabajo o la esquina de sus casas y nunca regresaron.
José Denilson Hidalgo López, de 16 años, hondureño, quien desapareció a las 8:00 horas del 7 de julio. Vestía camisa blanca, pantalón de mezclilla gris, tenis y gorra, señala la ficha del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas (Capea) que pertenece a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México.
Una semana después, a las 8:30 horas del 15 de julio, desapareció en la misma calle Rember Yoniban Tobar Corado, de 15 años y de nacionalidad guatemalteca. Vestía sudadera, playera, pantalón y gorra, todo de color negro y tenis azules.
Sólo tres días después -el 18 de julio a las 9:20 horas- también desapareció en el mismo lugar la adolescente guatemalteca de 15 años, Yeni Marisol Bravo Pérez. Ella Vestía camisa a cuadros rojos con azul, pantalón de mezclilla azul y botas color café.
Es paradójico que frente al Gobierno de Donald Trump nuestras autoridades reclamen un trato digno para los migrantes, para los niños que son separados de sus familias y en México ni siquiera se pueda garantizar el derecho al libre tránsito, a no ser secuestrados, explotados o desaparecidos por bandas de traficantes.
El 7 de abril del 2017 el aún Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera, decretó que la capital del país era una “Ciudad Santuario para los Migrantes” y con ello se garantizaba -vemos que sólo en el papel y no en la realidad- sus derechos humanos, seguridad y dignidad.
Mancera ya dejó el cargo y está con un pie en el Senado en busca de fuero e impunidad por su negligente y corrupta labor en la capital. Su sucesor y quien le cubre las espaldas, José Ramón Amieva, no ha dicho nada sobre este caso que en otros países sería un escándalo nacional.
El caso de los tres menores centroamericanos nos recuerda el de Marco Antonio Sánchez Flores, estudiante de 17 años de la Escuela Nacional Preparatoria Miguel E. Schulz, de la Universidad Autónoma de México (UNAM), quien fue detenido en la Ciudad de México por una patrulla policial el pasado martes 23 de enero este 2018. Después desapareció por varios días y fue encontrado en el estado de México con grave daño emocional.
Algo muy grave, muy podrido ocurre en la Ciudad de México. Estos casos como otros cientos de menores desaparecidos en la capital no pueden seguir ocurriendo. Esperamos que Claudia Sheibaum de prioridad a la seguridad de los menores, a revertir la ola de violencia, de desapariciones y de impunidad que se vive en la falsamente llamada “Ciudad Santuario”. Tal Cual.
