En su diagnóstico, aunque Washington reconoce que existen esfuerzos por parte del Estado mexicano, la magnitud del problema exige, desde su perspectiva, una respuesta de mayor alcance y eficacia.
El Pleno de la Corte declaró inconstitucional una disposición del Código Penal del Estado de Chihuahua que permitía imponer una pena de prisión a quien incumpliera los términos de un contrato y causara un daño a una persona o grupo