Ante la inminente discusión y aprobación del T-MEC, México está obligado a cumplir sus compromisos en legislación anticorrupción, principalmente en protección a testigos.
A pesar de que la protección a defensores de derechos humanos esta consignada en nuestra Carta Magna, la situación de indefensión en la que estas personas ejercen su labor se considera de alto riesgo