CIUDAD DE MÉXICO, 25 de abril (AlmomentoMX).- La diputada local por Morena, en el Congreso del Estado de México, Azucena Cisneros, presentará una iniciativa de ley para protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
En su exposición de motivos señala la importancia de labor que realizan hoy los defensores de derechos humanos en México, y en nuestro Estado queda fuera de toda duda si consideramos la situación de violencia que sufren las y los mexiquenses día con día, quienes con frecuencia sufren agresiones y violaciones a sus derechos humanos como son el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, a la propiedad, a la igualdad, a la libertad de conciencia, derecho de tránsito, de asociación, acceso a la justicia, inviolabilidad de su domicilio y de sus comunicaciones, entre otros muchos.
“Se considera como defensor de los derechos humanos a toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional , ya sea que actúen individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos”.
No obstante, dijo, a pesar de que la protección a defensores de derechos humanos esta consignada en nuestra Carta Magna, la situación de indefensión en la que estas personas ejercen su labor se considera de alto riesgo.
Como bien señala la Comisión Nacional de derechos humanos, “las personas defensoras de derechos humanos contribuyen a la protección de los derechos fundamentales, tanto a nivel local como internacional, ayudando a construir el sistema democrático de nuestro país; no obstante, las agresiones que sufren van desde las amenazas hasta los homicidios y desapariciones por el solo hecho de realizar su actividad, ya que se vuelven incómodos tanto para algunos poderes públicos como para algunos entes privados.”
En el Estado de México no contamos con un mecanismo efectivo que permita hacer el seguimiento de las agresiones sufridas por defensores de derechos humanos en el Estado y tampoco contamos con una ley específica que garantice su protección. Es precisamente por esa ausencia en el marco normativo en su protección específica que la comisión Nacional de Derechos Humanos señala que “una parte importante de la ausencia de información por parte de las procuradurías locales, deriva de la falta de fiscalías o unidades especializadas en la persecución de delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos..” Es por ello importante que al igual que otros estados de la Republica ya lo han hecho, y como lo ha recomendado ya la Comisión Nacional de los Derechos humanos, establezcamos el marco normativo y jurídico que garantice su protección.
De igual modo, la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
La libertad de prensa, sin ninguna duda, es un elemento esencial del derecho para el pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e indispensable para la existencia de un gobierno democrático, el desarrollo sostenible y la innovación, la paz y el respeto de los derechos humanos. Aunado a esto, la prensa tiene como labor principal la de informar de forma contextualizada sobre temas relevantes a toda la ciudadanía, pero sobre todo debemos resaltar que las y los periodistas desempeñan un papel fundamental en el derecho a saber, el derecho al acceso a la información pública, el derecho a la verdad y el derecho a exigir que los funcionarios públicos rindan cuentas a la sociedad.
En México el principal obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión son los actos de violencia e intimidación que sufren las y los periodistas y demás personas que trabajan en los medios de comunicación, tanto así que en muchas ocasiones la autocensura se convierte en la alternativa para que salvaguarden no sólo su integridad personal, sino también su vida.
México enfrenta una profunda crisis de seguridad que afecta a todos los sectores de la sociedad, pero los ataques contra quienes ejercen el periodismo, que incluyen desde asesinatos, secuestros, acoso, intimidación, arrestos ilegales, detenciones, espionaje, vigilancia, represión, ataques cibernéticos, ataques específicos contra mujeres periodistas, censura e incluso violencia institucional, representan la amenaza más inmediata y desafiante a la libertad de expresión, además que quebranta el derecho de las y los ciudadanos a estar informados.
Lamentablemente con 11 asesinatos de periodistas en 2017, México se convirtió en el segundo país más mortífero del mundo para ser periodista y de acuerdo con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2018 elaborada por Reporteros sin Fronteras, ocupa el lugar 147 de 180 países, en libertad de prensa, es decir, en México la libertad de prensa enfrenta graves y diversos obstáculos donde destacan los asesinatos a periodistas y la impunidad.
Las agresiones a periodistas, además de constituir una afectación a la esfera jurídica del agraviado, representan una afrenta a la sociedad en su conjunto. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión no sólo tiende a la realización personal, sino a la consolidación de una sociedad democrática.
En el Estado de México, no contamos con cifras, sin embargo, podemos citar algunos ejemplos:
- En 15 de diciembre de 2015 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), desmanteló y decomisó el equipo de transmisión de la radio comunitaria “Calentana Mexiquense”, en Luvianos. por emitir sin concesión, Luvianos es uno de los municipios más violentos del sur del Estado de México y desde hace más de cuatro años vive una espiral de violencia por la disputa entre los cárteles de La Familia y Guerreros Unidos, que pelean el control de su territorio. El 2 de agosto de 2014, el director de la radio Indalecio Benítez, sufrió un atentado por parte de uno de los grupos del crimen organizado resultando muerto su hijo Juan Diego de tan solo 12 años.
La radio comunitaria se encuentra actualmente bajo el mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
- Otro caso es de la Víctima 129, persona detenida el 12 de julio de 2015 por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México al realizar su labor periodística en las inmediaciones del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, ante quienes en todo momento se identificó como periodista; no obstante, fue traslado a las instalaciones de la autoridad ministerial donde permaneció incomunicado por un lapso de seis horas, momento en el que se le informó que se le acusaba de usurpación de funciones, por ostentarse como Policía Federal, ya que una de las credenciales que utilizó para acreditarse como reportero fue expedida por la extinta Secretaría de Seguridad Pública en la que se hace mención al diario para el que labora; posteriormente, fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, quien determinó su libertad.
El aumento significativo en el número de agresiones a periodistas y medios de comunicación deja en evidencia el riesgo eminente en que se encuentra el periodismo en México.
Hecho que resulta alarmante si se considera el homicidio de periodistas como el ataque más cruel y extremo de censura a la libertad de expresión, esto debido principalmente a la falta de políticas públicas encaminadas a garantizar un entorno libre y seguro para desarrollar su labor periodística, una deficiente política de prevención del delito, la actuación tardía e ineficiente ante las denuncias así como la ineficacia por parte las autoridades encargadas de perseguir los ilícitos de los que son víctimas periodistas y medios de comunicación, la falta de diligencias oportunas para la localización del agraviado, entre otros, contribuyen a hacer de México un país en el que el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión se vea quebrantado.
De ahí la importancia y la urgencia de tomar medidas encaminadas a prevenir y garantizar la seguridad de las y los periodistas, colaboradores periodísticos y medios de comunicación, de crear un entorno jurídico e institucional para que puedan informar de manera libre e independiente.
Reiterando los criterios de la Corte Interamericana “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”
La presente iniciativa tiene como objeto aplicar las medidas de protección contenidas en el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas en Cuestión de Inmunidad, ratificando el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que garantiza la libertad de expresión como derecho fundamental e individual por el que nadie debería de ser asesinado, en virtud de que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”
Nuestro compromiso es proteger a las y los periodistas implementando medidas que aborden las causas profundas de la violencia en su contra y la impunidad. Esto implica la necesidad de abordar temas como la violencia institucional de la que son víctimas al atentar contra los intereses de los poderosos.
Como fue el caso con el poder ejecutivo de la administración pasada del Gobierno del Estado, quien disminuyó notablemente las entrevistas y conferencias de prensa; además, de bloquear continuamente el trabajo de los medios, cuando los funcionarios o personal de Comunicación Social acusaban a las y los reporteros de hacer preguntas “incómodas”, o ejerciendo presión para que no se publicara información crítica.
La violencia institucional también se presenta matizada algunas veces: hoy en día, cubrir un evento del Gobierno en turno es estar limitado en varios sentidos: las y los reporteros son confinados a un espacio, sin posibilidad de moverse, no pueden entrevistar a los funcionarios hasta no tener la autorización de las áreas de Comunicación Social o prensa; se les pide que no graben o borren determinadas intervenciones inclusive ha habido casos de comunicadores oficiales que aún pretenden imponerles una agenda y amenazan con no “apoyarlos” y los vetan no invitándoles a eventos o no dejándolos entrar a eventos programados.
“Si los periodistas cubren temas relacionados con la corrupción de las autoridades sobre todo los gobiernos locales o del crimen organizado, padecen intimidaciones, agresiones, pueden ser asesinados a sangre fría. Numerosos periodistas han desaparecido en el país; muchos otros se han visto obligados a exiliarse para ponerse a salvo.”
Por otro lado, en el Estado de México, los periodistas carecen de prestaciones, no tienen derecho a vacaciones por Ley, no cobran aguinaldo, ni utilidades, no se jubilan ni pensionan, no poseen servicios de salud, no pueden acceder a una vivienda, ni tienen seguro de vida; además, su salario es demasiado bajo y, en algunos casos, ni siquiera cuentan con días de descanso, por lo que el Estado tiene el deber de fomentar y promover que los medios de comunicación brinden prestaciones a sus empleados y les otorguen seguridad en todos los sentidos.
La Ley de Protección del Ejercicio Periodístico del Estado de México es un reclamo de las y los trabajadores de la comunicación quienes luchan por aplicar lo que mejor saben hacer: informar de manera responsable, ser el enlace con la sociedad y las instituciones públicas y privadas.
Para tal efecto las autoridades deberán adoptar protocolos de actuación en manifestaciones conforme a parámetros internacionales dirigidos a la protección de las personas en el ejercicio de ese derecho, sin vulnerar a otros derechos.
“Cada periodista asesinado o neutralizado por terror es un observador menos de la condición humana. Cada ataque deforma la realidad al crear un clima de miedo y autocensura”.
AM.MX/fm
