Desde el 2018 se ha registrado un importante aumento de agresiones y asesinatos en todo el país en contra de aspirantes a cargos de elección popular. El objetivo de esta ley es contar con un mecanismo de protección con un presupuesto específico y una Junta Directiva donde estén involucradas la SSPC, la Segob, la FGR y el INE.
Afirmó que el Gobierno Federal brindará apoyo para dar seguridad a contendientes del actual proceso electoral, sin embargo, comentó que lo ideal sería que también participaran las autoridades estatales.
Defensoras de derechos humanos, periodistas y buscadoras enfrentan niveles alarmantes de agresiones, desapariciones y asesinatos.
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México emitió recomendaciones urgentes