La prioridad no es la seguridad, sino la militarización. Las partidas de apoyo en seguridad a estados y municipios se congelan, disminuyen o desaparecen. Continúa el debilitamiento del Sistema Penitenciario, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.