La iniciativa busca que ninguna mujer o persona gestante sea despedida de su trabajo por el simple hecho de ejercer su derecho a la lactancia, por lo que sólo podrán ser removidas o cesadas como consecuencia de una falta grave establecida en la ley. “La iniciativa que presentamos hoy es para extender la estabilidad laboral de seis meses a dos años, que es la recomendación de la OIT en el Convenio 183”, explicó.
Al dar el banderazo habló de la participación de miles o millones para «una nueva visión» política del país. Deterioro institucional y social acelerado, advierte Diego Valadés Ríos.
La legisladora, vicecoordinadora de la Bancada Naranja manifestó que la figura de prisión preventiva oficiosa vulnera diversos derechos humanos esenciales, como es la presunción de inocencia. Cuestionó también a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, durante la presentación de su informe anual de actividades, en temas de agenda feminista, derechos laborales y protección a personas defensoras de derechos humanos.
También se propone la atención integral focalizada a la salud de las personas de la diversidad sexual y de género, así como reconocer los derechos de las familias lesbomaternales.
Brigadas de la Profeco y la ASEA verificaron siete estaciones de servicio en Baja California: tres en Tijuana, dos en Mexicali, una en Ensenada y una más en Tecate. De las estaciones visitadas tres se negaron a la inspección, lo que puede derivar en multas considerables y clausuras
En el sorteo estuvieron presentes los mandatarios de los tres países anfitriones de la justa mundialista: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, se informó que Juan Estuardo Rubio Gualito, Israel Moreno Rivera, Víctor Gabriel Varela López e Iliana Ivone Sánchez Chávez dejaban el PVEM para regresar a su bancada original de Morena. Esto causó que legisladores del PAN y PRI alzaran la voz para señalar la confirmación de un engaño permitido por las autoridades electorales.
El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” (Frayba) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) exigieron al Poder Judicial de Chiapas que revierta lo que describen como “violaciones sistemáticas” en el caso y ordene la liberación inmediata de Rubio Bonilla, a quien consideran un “sobreviviente de tortura” criminalizado por la Fiscalía General del estado, a través de tres expedientes distintos.