También, avalaron el dictamen que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por 328 votos a favor y 126 en contra. La finalidad es armonizar dichas legislaciones con la reforma constitucional al Poder Judicial.
El origen del conflicto se remonta a una sentencia del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México, el cual analizó el contrato del Instituto Mexicano del Petróleo. Se determinó que existían beneficios exclusivos para el gremio mayoritario, lo que generaba un trato desigual y discriminatorio hacia otros trabajadores.