La propuesta subraya que el respeto de los derechos en la educación es esencial para garantizar un entorno de aprendizaje seguro, inclusivo y enriquecedor para todas y todos los estudiantes.
La nueva normativa, que entrará en vigor el 1 de agosto, establece que los menores de edad pueden modificar su nombre y género en el registro civil después de un periodo de espera de tres meses.