El caso se centra en la aplicación italiana del artículo 15 de la Directiva europea 2019/790 sobre derechos de autor en el mercado único digital. Italia reconoció a los editores derechos exclusivos sobre el uso online de sus publicaciones y estableció un sistema de remuneración equitativa supervisado por la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones (AGCOM).
Un periodista recibe una información y, si hace bien su trabajo, no debería quedarse con ella. Pregunta quién la dijo, de dónde salió, qué pruebas existen, qué otra fuente puede confirmarla y qué versión falta por escuchar.
FRANCISCO RODRÍGUEZ
Una cosa es gobernar. Otra es estar en el gobierno
Más allá de las celebraciones en el Zócalo, el desempeño del gobierno en temas...
Este martes, el subsecretario de integración y desarrollo del sector salud, Eduardo Clark, acusó a 32 empresas de retrasos en la entrega de medicamentos e insumos al sistema público de salud, y la presidenta condenó el hecho y afirmó que si no cumplen dichas empresas serán inhabilitadas.
En su calidad de representante mexiquense en la Cámara Alta, el legislador destacó la importancia de mantener el diálogo institucional y de respaldar todas aquellas acciones que impulsen el desarrollo del estado, sin importar las diferencias partidistas.
El caso se centra en la aplicación italiana del artículo 15 de la Directiva europea 2019/790 sobre derechos de autor en el mercado único digital. Italia reconoció a los editores derechos exclusivos sobre el uso online de sus publicaciones y estableció un sistema de remuneración equitativa supervisado por la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones (AGCOM).
Un periodista recibe una información y, si hace bien su trabajo, no debería quedarse con ella. Pregunta quién la dijo, de dónde salió, qué pruebas existen, qué otra fuente puede confirmarla y qué versión falta por escuchar.
La integridad física, emocional y psicológica de niñas, niños y adolescentes debe estar por encima de cualquier exigencia artística o de producción. Ninguna actividad laboral o creativa puede justificar prácticas que pongan en riesgo su dignidad, seguridad y bienestar.