De acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se ha turnado la información recibida a la Fiscalía General de la República para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana.
Durante la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 en el Senado, la fiscal explicó que esta estimación se basa en datos del INEGI, donde las propias víctimas admiten que no acuden a denunciar.